La iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle precisa la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces y la creación del Órgano de Administración Judicial, entre otras disposiciones.
on 39 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen de la iniciativa, remitida por la gobernadora del estado, ingeniera Norma Rocío Nahle García, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de reforma al Poder Judicial.
El contenido del dictamen, presentado al Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, integrada por los legisladores Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada María Elena Córdova Molina, presidente, secretario y vocal, respectivamente, refiere que el objeto de la reforma es homologar la Constitución local con la reforma federal aprobada, en materia del Poder Judicial, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Expone que la citada reforma federal transformó el paradigma del Poder Judicial, estableciendo la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante el sufragio universal, secreto y directo, la creación de un Órgano de Administración Judicial y de un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la eliminación de fideicomisos y fondos, abriendo la puerta a la democratización y la rendición de cuentas.
Además, destaca que las reformas indican el marco jurídico para la implementación de procesos electorales ordinarios y extraordinarios a través de convocatorias emitidas por el Congreso del Estado, asegurando el cumplimiento de plazos y lineamientos que garanticen elecciones abiertas, democráticas, con paridad de género, equidad y transparencia, en congruencia con las disposiciones federales y locales en materia electoral.
En el decreto se establece una serie de disposiciones transitorias para la implementación escalonada y ordenada del nuevo esquema, incluyendo la extinción gradual del Consejo de la Judicatura, el inicio de funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, así como la armonización de las leyes secundarias, “respetando en todo momento los derechos laborales del personal del Poder Judicial del Estado”.
Con respecto a las juezas y los jueces de primera instancia, durarán en el cargo nueve años y podrán ser reelectos. Solo perderían su cargo en caso de inhabilitación o destitución pronunciada por el Tribunal de Disciplina Judicial o por retiro forzoso.
Para ser magistrada, magistrado, jueza o juez de primera instancia, se requerirá, además de los requisitos señalados en la ley, no estar inscrito en los padrones de deudores alimentarios morosos ni haber sido declarado responsable de violencia familiar, violencia política o violencia de género, estando así en condiciones de fortalecer el principio de idoneidad y la protección a grupos en situación de vulnerabilidad.
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) no solo realizará los cómputos y entregará constancias de mayoría, sino que también declarará la validez de la elección, dando mayor certeza al resultado electoral. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) será la instancia responsable de resolver las impugnaciones conforme a las leyes aplicables.
El periodo de campañas queda en 30 días y se suprime la etapa de precampaña. “Esta medida busca agilizar el proceso, disminuir la sobreexposición y los gastos, al tiempo que se concentra la actividad proselitista en un plazo breve y controlado”.
Además, se extiende la competencia del TEV para resolver conflictos derivados de la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces, además de las que surjan en la renovación del Ejecutivo, el Legislativo y los ayuntamientos, para garantizar un ámbito unificado de resolución de controversias electorales.
De igual manera, la Comisión dictaminadora consideró necesario ajustar disposiciones transitorias para señalar que, bajo el principio de perspectiva de género, si se rebasara el número de magistraturas a elegir en el proceso electoral extraordinario, la selección para depurar la lista se aplicará exclusivamente a plazas ocupadas por hombres.
“Esta medida busca salvaguardar y ampliar la participación de las mujeres magistradas en el proceso, mismo que se concatena con los principios de paridad sustantiva de género y los tratados internacionales”.
Las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que resulten electos el proceso electoral extraordinario 2024-2025, se les asigna un periodo de dos años y dos periodos de cinco años, dependiendo del número de votos obtenidos, creando un escalonamiento que busca la estabilidad institucional y un relevo ordenado de las magistraturas.
Las magistradas o los magistrados que participen en el proceso electoral sin renunciar antes del cierre de la convocatoria no serán beneficiarios de haber de retiro o pensión complementaria.
El contenido íntegro de esta reforma constitucional puede consultarse libremente en el Anexo B de la Gaceta Número 13, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx
Tras su aprobación por el Pleno del Congreso, la Presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, instruyó a la Secretaría General remitir el Decreto a la titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Posicionamientos
Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Diego Castañeda Aburto precisó que la reforma, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle, respalda el proyecto de nación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que, si ha habido resistencia, es de aquellas personas o grupos que se han visto perjudicados al perder privilegios.
Añadió que Veracruz siempre ha estado a la altura de las exigencias que demanda la ciudadanía y que ahora se modifica la Constitución para elegir de manera directa a las y los juzgadores, “si le fallan al pueblo que los eligió, el mismo pueblo los puede quitar”. Aunado a que se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, con independencia para poder evaluar a las y los magistrados y jueces, “en caso de detectar algún mal manejo, se investiga, sanciona y hasta se le retira del cargo”.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez destacó el riguroso análisis técnico y jurídico de esta reforma, que armoniza la Constitución local con una reforma basada en los principios de transparencia, democratización y rendición de cuentas, para contar con un Poder Judicial independiente, imparcial y cercano a la población.
El diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT), dijo que con esta reforma se termina con una era de decisiones y sentencias ajenas al interés popular, que favorecían en la mayor parte de sus actuaciones al interés político y económico y garantiza una igualdad genuina entre los tres poderes del Estado, pues, aseguró, ahora también los juzgadores serán representantes populares y portadores del sentir de la ciudadanía.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román habló de la necesidad y la urgencia de una reforma al Poder Judicial que resuelva el rezago en la impartición de justicia y la impunidad en el estado, cuestionó el procedimiento y las implicaciones de la reforma, señaló deficiencias y propuso una reglamentación al respecto.
Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó su voto en contra, al considerar que debió existir parlamento abierto para escuchar el pensamiento de la sociedad y agregó que la reforma puede traer consecuencias negativas para quienes están comprometidos con la justicia. “Lo que realmente se necesita es una reestructuración profunda, pero sin hacer daño a las instituciones y a las personas que la integran”, puntualizó.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra y expuso que la elección por voto de jueces, juezas y magistrados politizará la justicia y que esta acción contraviene los tratados internacionales de los que México forma parte. “Se estaría violentando los derechos humanos de los veracruzanos y es falaz que se democratice la justicia, solo se van a imponer perfiles”, añadió.
En la discusión en lo general participaron la diputada Montserrat Ortega Ruiz y el legislador Alejandro Porras Marín.
#-#-#-#
