Con el fin de generar una política nacional de derechos de largo alcance, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la presentación de la estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
La estrategia consiste en lograr en los próximos nueve años -en el año 2025- el cumplimiento de 25 propuestas, que tienen que ver con combate a la pobreza, marginación y defensa de sus garantías individuales, entre otras.
Con la presencia de servidores públicos, académicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, el encargado de la política interna del país afirmó que garantizar a las niñas, niños y adolescentes un futuro mejor, al dotarles de un mejor presente, es el objetivo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Indicó que para cumplir con este reto es indispensable atender factores como la educación, salud, alimentación, pero también implementar objetivos alineados y unir capacidades entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, acompañados, siempre, con la sociedad.
Osorio Chong destacó que es momento de avanzar de manera conjunta en este tema para que trascienda administraciones y no solo pensar en medidas de corto plazo.
En el Salón Juárez de la Segob, manifestó que este compromiso con la niñez de México no es opcional, sino que debe ser atendido en todas las regiones del país para que el trabajo coordinado permita que este sector de la población cuente con una mejor forma de vivir, donde se contará con la colaboración de las Naciones Unidas, a través de la Unicef.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica subrayó que como sociedad de derechos, México no debe permitir que este sector de la población viva en situación de pobreza, cuya condición impide su desarrollo y bienestar pleno, al tiempo que condiciona y limita el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Apuntó que la estartegia “25 al 25” representa que las generaciones actuales y futuras de niñas, niños y adolescentes, cuenten por primera vez con una política nacional de derechos integral que privilegie su interés superior y su derecho de prioridad, dando cumplimiento a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
Los 25 objetivos nacionales presentados en favor de cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por México son: Disminución de la pobreza moderada y reducir el grado de marginación en municipios con alto o muy alto nivel; reducir las condiciones culturales y estructurales que mantienen en exclusión a niñas, niños y adolescentes; promover la protección y defensa de sus derechos humanos; disminuir la discriminación de género y avanzar en la igualdad sustantiva; lograr su registro universal para hacer realidad su derecho a la identidad.
Asimismo garantizar la supervivencia de niñas, niños y adolescentes; asegurar su cobertura universal en servicios de salud y de seguridad social; asegurar la cobertura universal de lactancia materna; garantizar la alimentación adecuada que reduzcan la desnutrición y el sobrepeso; garantizar vivienda digna y estructura de servicios; accesibilidad al agua potable; reducción de factores que permiten el embarazo adolescente; promover el derecho a una vida libre de violencia.
Además combatir al crimen organizado trasnacional que genera la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; ofrecer alternativas respecto al trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente; asegurar una vida libre de acoso, abuso y violencia; garantizar el acceso a una educación de calidad e inclusiva; aumentar los espacios culturales que estimulen su creatividad; garantizar el acceso a actividades lúdicas y deportivas; generar mecanismos para propiciar su participación permanente en todos los ámbitos; garantizar el acceso universal a Internet y a las tecnologías de la información.
De igual forma, promover el acceso de la niñez y la adolescencia a los medios de comunicación como generadores de nuevos contenidos; lograr la armonización legislativa de todo el orden jurídico mexicano a los principios constitucionales e internacionales de protección y garantía de derechos para niñas, niños y adolescentes; garantizar una mejor inversión presupuestal para la infancia; y garantizar el acceso prioritario de niñas, niños y adolescentes a la justicia integral.
