Los presidentes de los organismos empresariales del país reiteraron ante el jefe del Ejecutivo federal su postura respecto a que la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (conocida como Ley 3 de 3), con la adición del Senado para que particulares con contratos públicos presenten una declaración patrimonial, fiscal y de intereses, resulta inadecuada y excesiva.
“Reiteramos nuestra posición de que esta medida resulta inoperable, y paralizaría al propio sistema, ya que no sería factible recabar y procesar los informes de las empresas, sus trabajadores y proveedores”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado luego de su reunión del martes por la noche con el presidente Enrique Peña Nieto.
Reconocieron que como empresarios deben ser parte de la solución al problema de la corrupción, y consideraron positivo que la legislación aprobada contemple sanciones concretas para los privados que incurren en este tipo de ilícitos.
No obstante, pidieron una revisión de la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en la Ley, particularmente en lo que se refiere a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público.
Asimismo, los empresarios hicieron un reconocimiento al gran avance
que implica la aprobación de las primeras siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Hacia el mediodía de este miércoles, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, emitirá una postura más detallada sobre la reunión con el jefe del Ejecutivo.
