Veracruz, ejemplo nacional en diseño e instrumentación del fondo verde, dio a conocer el funcionamiento del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) durante la reunión del Grupo Temático Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo, de la Comisión Regional Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
En el encuentro, en el que participó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Víctor Alvarado Martínez, y sus homólogos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Yucatán, fue presentada dicha política como un modelo para la creación de otros fondos verdes, por el manejo transparente de sus recursos y el impulso a proyectos con visión de cuenca.
“El FAV permite incrementar la eficiencia de las acciones de gobierno y fortalecer las capacidades de gestión; está integrado por los sectores indígena, social, académico, gubernamental, cultural, privado y público. Asimismo, financia propuestas que promueven la conservación, preservación, restauración de los ecosistemas y la biodiversidad de Veracruz, y que generan un beneficio para las comunidades”, señaló el servidor público.
Explicó que el apoyo a estos proyectos de la sociedad civil organizada en materia de mitigación de los efectos del Cambio Climático, planeación, educación, comunicación ambiental, desarrollo comunitario y reconversión productiva hacia prácticas sustentables, se realiza fomentando el desarrollo de capacidades locales y bajo el enfoque de manejo integrado de cuencas hidrológicas.
Alvarado Martínez agregó que este fideicomiso público-privado ha financiado, a la fecha, 63 proyectos de 37 organizaciones en beneficio de 76 municipios, generando dos mil 900 empleos directos que favorecen a 15 mil personas; “a través de los apoyos económicos otorgados, se garantiza la conservación y reforestación de 28 mil 529 hectáreas en 12 cuencas hidrológicas veracruzanas”.
En el grupo de trabajo de la CONAGO de la zona sur-sureste se busca promover un proceso de reorientación de los asuntos ambientales, ponderando los intereses y prioridades locales, a fin de reducir la discrecionalidad en las decisiones públicas, fortalecer la transparencia y, por lo tanto, ampliar el margen de actuación e intervención de la autoridad ambiental local.
El desarrollo sustentable es un proceso de cambio social en el cual la explotación de los recursos, el sentido de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y las reformas institucionales deben efectuarse en forma armónica, ampliando el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas.
