El Congreso del Estado de Morelos llamó al gobierno federal a solicitar a través de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se auditen los recursos federales otorgados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ya que tras una revisión a los estatales han podido verificar que el rector Alejandro Vera Jiménez es responsable de su quebranto.
De acuerdo con el Congreso del Estado de Morelos, a esta fecha cuenta con información de que la deuda contratada por el rector compromete la viabilidad financiera de la UAEM y advierte que por los manejos irregulares de su administración es inminente la suspensión de labores en el próximo mes de octubre.
En una auditoría a los recursos estatales que recibe la UAEM, se verificó que la administración de Vera Jiménez ha comprometido su viabilidad financiera, por la cual es inminente la suspensión de labores en el próximo mes de octubre, advirtió el Congreso de Morelos.
“Las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos consideramos muy grave que el responsable de nuestra máxima casa de estudios tenga un activismo político con la intención de esconder el grave problema de las finanzas de la institución, dejando como culpables a otras instancias”, precisa en un comunicado.
Por ello, solicitaron a los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong (Segob), Luis Videgaray, (SHCP) y Aurelio Nuño (SEP), que puedan gestionar los recursos faltantes y solicitar la auditoría a los recursos federales otorgados por las participaciones y se proceda conforme a derecho ante el mal uso de los recursos.
Señala que de acuerdo con datos de una auditoría a los recursos estatales que recibe la UAEM, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se duplicó el presupuesto ejercido en los primeros cuatro años de su administración respecto al mismo periodo anterior, por más de 6 mil 500 millones de pesos y contrató de forma irregular un crédito de banca privada por más de 360 millones de pesos, al no solicitar autorización para ello.
Agrega que detectó otras anomalías, como que el rector ha hecho uso de una partida secreta de aproximadamente 10 millones de pesos para financiar pagos a movimientos sociales y a funcionarios que le permiten una cómoda mayoría.
A ello se suma un quebranto financiero de más de 400 millones de pesos que ponen en peligro a la Universidad, según el reporte entregado por la ASF en el año 2014.
