Como medidas de prevención «ante el peor escenario» en la relación con Estados Unidos, el gobierno mexicano alista un plan de dignidad para no dar ningún paso atrás en los convenios vigentes en materia de deportación de paisanos.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, precisó que el plan, ante la perspectiva de más rudeza del gobierno de Donald Trump, no significa -como lo han sugerido analistas y políticos- abrir la frontera sur de México en caso de no alcanzar acuerdos con quien en enero próximo será el nuevo presidente del vecino país del norte.
«Esa es una idea que han sugerido algunos, yo lo que sostuve es que la Ley de Migración no nos permite dar ese paso porque tenemos que tener control y seguridad tanto para los centroamericanos como para los mexicanos y en ese sentido no podemos transformar una política caprichosamente porque queramos hacerle un daño al señor Trump», dijo.
Durante su participación en una mesa de análisis convocada por la Universidad Panamericana, el funcionario mencionó tres aspectos de la política interna del país, a aplicarse en los próximos días, de cara a la circunstancia de cambio de gobierno en Estados Unidos.
En principio, solucionar urgentemente el problema de unos 4 mil 500 migrantes haitianos que siguen varados en la frontera norte mexicana.
Si Estados Unidos no acepta su solicitud de asilo, se prevé que nuestro país pueda otorgarles protección a través de la figura de refugio.
En segundo término, asumir una postura con dignidad para que no se echen atrás los convenios actuales en materia de repatriación y recepción de paisanos que a diario son devueltos por Estados Unidos.
En tercer lugar propuso alentar la unidad nacional en torno al presidente de la República, más allá de los apoyos o rechazos al mandatario en turno.
Igualmente, destacó la reciente firma de un convenio de la Secretaría de Gobernación con el principal organismo del sector privado para generar políticas de empleo, ante la previsión de un eventual recrudecimiento de la política de Washington hacia los connacionales.
El subsecretario Roque subrayó que la actual es la coyuntura más dura en época reciente con el vecino país.
Insistió, sin embargo, en que la cifra de deportados, señalados por Trump como criminales, es de alrededor de 27 mil mexicanos que se encuentran actualmente en prisiones federales en aquella nación, y no habría forma de devolver dos o tres millones.
En la mesa de análisis participaron los senadores del PRD, Zoe Robledo y Armando Ríos Piter; el representante en México del Partido Republicano de Estados Unidos, así como el analista Alejandro Hope.
