Al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México le preocupa la Ley General de Archivos que se cocina en el Senado de la República, conforme a los establecido en las reformas en materia de transparencia, pues existe un grave riesgo para la investigación histórica.
Para el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, la legislación que se pretende avalar en el Congreso de la Unión obstaculiza las labores de investigación pues en los archivos y expedientes que se revisen en el futuro se censurarían palabras, párrafos y hasta documentos completos desde la Dirección Federal de Seguridad.
Hemos tenido ya comunicación con los presidentes de las dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, porque así como viene el proyecto de ley, sí afectará muchísimo a la investigación histórica. Creo que es importante que la Universidad levante la voz. Por supuesto, no pude ser que esta reglamentación siga así”, puntualizó.
Tras la última reunión del año del Consejo Universitario de la UNAM y por instrucciones de Graue Wiechers, los representantes de la Dirección de Investigaciones Históricas, de Jurídicas, de Derecho y otras, junto con la abogada general, emitieron un pronunciamiento sobre el tema en el que destacan la preocupación de la UNAM ante una ley que impida la investigación histórica.
En el documento, redactado por las autoridades de la Universidad, se destaca la necesidad de priorizar que los archivos históricos deben ser públicos y de interés general y deben considerarse fuentes de acceso público.
También, se hace referencia al principio de máxima publicidad en la Constitución para señalar como fundamental el garantizar que la documentación sólo permanezca en archivos de concentración con causa legal justificada
Además, consideraron necesario impulsar una política de autonomía en materia archivística, respaldada por un presupuesto suficiente que asegure la profesionalización de los procesos de valoración de la información.
Para la máxima casa de estudios del país, y dada la importancia de esta materia, es decisivo que se realice una amplia consulta a la sociedad y a la academia y se genere un proceso de deliberación público y abierto.
