El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución que exige a los países medidas para proteger el patrimonio cultural frente al extremismo, en respuesta a la destrucción y saqueo de monumentos en países como Irak y Siria.
El texto, aprobado por unanimidad, es el primero específico sobre este asunto que adopta el Consejo y sigue a una resolución parecida, pero no vinculante, votada hace casi dos años por la Asamblea General.
“La destrucción de patrimonio es un crimen de guerra”, destacó la directora general de la Unesco, Irina Bokova, que subrayó que esos ataques constituyen también una “táctica de guerra” que busca la “desintegración de las sociedades”.
Bokova, en un discurso tras la adopción de la resolución, subrayó que el patrimonio demuestra que el diálogo de civilizaciones existe y, por ello, los extremistas violentos buscan destruirlo.
El texto condena tanto la destrucción de monumentos como el saqueo y contrabando de bienes culturales en el contexto de conflictos armados, principalmente por parte de grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.
El Consejo de Seguridad recuerda que toda participación en ese comercio con grupos terroristas puede considerarse como un apoyo a su causa y, por tanto, ser objeto de sanciones internacionales.
El máximo órgano de decisión de la ONU reclama a los Gobiernos que adopten “medidas apropiadas” para prevenir o contrarrestar esos tráficos ilícitos, por ejemplo prohibiendo el comercio transfronterizo cuando se sospeche que las piezas proceden de una zona de guerra.
También sugiere endurecer las leyes nacionales contra este tipo de delitos y reforzar la cooperación entre países para perseguirlos de una forma más efectiva.
En 2015, el Consejo de Seguridad ya había reclamado medidas contra el tráfico ilegal de bienes culturales dentro de una iniciativa para cortar la financiación del EI y de otras organizaciones terroristas en la que también se incluían ámbitos como el comercio de petróleo.
En esta ocasión, la resolución se centra únicamente en el patrimonio cultural y no solo en su tráfico, sino también en su destrucción por parte de los extremistas a la vista de los daños causados por los yihadistas en lugares históricos como la ciudad siria de Palmira o en Tombuctú (Mali).
“La furia deliberada contra el patrimonio de la humanidad procede de una voluntad de aniquilación de la memoria, de negación del pasado, de expoliación de la historia”, señaló Audrey Azoulay, la ministra de Cultura de Francia, uno de los países impulsores de la resolución.
Azoulay insistió en que los ataques contra ese patrimonio suponen una amenaza contra todo lo que los pueblos tienen en común y su defensa, además de algo ético, es clave para la seguridad, dado que el saqueo da fondos a los terroristas y los monumentos son un símbolo importante para el restablecimiento de la paz.
“Por estas razones la comunidad internacional debe movilizarse: es una exigencia humanista, una causa justa y un elemento esencial de una paz duradera”, defendió.
Italia, el otro país impulsor de la resolución, aseguró que el texto envía una “señal clara” y supone un instrumento “equilibrado” para prevenir la destrucción de patrimonio y para perseguir su contrabando, señaló el subsecretario de Exteriores del país, Vincenzo Amendola.
