El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez señaló que la Asamblea Legislativa tiene un límite constitucional que vence el próximo 19 de julio, y que no se legislará «al vapor» ni se pondrá en riesgo esa fecha por la falta de compromiso de un partido político.
Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión reclamó a la bancada de Morena que presentara sus iniciativas para conformar el Sistema Anticorrupción local «al cuarto para las dos».
Agregó que el trabajo legislativo serio no es la escuelita, donde se acude el último día para entregar la tarea ante el temor de ser reprobado. Hace más de un año que se discuten las iniciativas presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).
Comentó que con dichas iniciativas se trabajó desde noviembre de 2016, cuando se pusieron a disposición y análisis de organizaciones civiles, especialistas y académicos, de donde surgieron los predictámenes que todavía se tienen en escrutinio, pero que conforman la base de la discusión final.
Alegó que se contó con más de seis meses para que cada bancada presentara iniciativas, y ahora resulta que el grupo legislativo de Morena las presenta, cuando sabe que hay fecha límite y que los predictámenes son producto de largos meses de trabajo con especialistas y académicos.
Sánchez Rodríguez confió en que, como resultado de las reuniones entre diputados integrantes de la Comisión de Transparencia a la Gestión y miembros de la sociedad civil en la Asamblea, saldrán en paquete las 11 leyes sobre el Sistema Anticorrupción capitalino.
El asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN) recordó los encuentros con organizaciones de la sociedad civil, empresarios de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), académicos y universitarios para intercambiar puntos de vista sobre las 11 leyes que el pleno de la Asamblea Legislativa deberá aprobar antes del 18 de julio.
Destacó que el PAN aspira a crear un sistema anticorrupción innovador al introducir como mecanismo contra ese flagelo la figura de Auditoría Social, que buscará evaluar la efectividad de las instituciones públicas en materia de cumplimiento de su objetivo social como integrantes del gobierno.
Estamos dotando al Sistema Local de Fiscalización de un Consejo Consultivo con representantes de la sociedad civil especializada, académica, abogados, contadores e ingenieros, entre otros expertos», concluyó.
