El Gobierno de la Ciudad de México suscribió dos convenios con el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de, por un lado, contribuir a la transparencia de los ejercicios de elección que tendrán lugar este año y, por otro, garantizar el blindaje de programas sociales y evitar su uso en prácticas políticas.
En la sede del INE, el mandatario local, Miguel Ángel Mancera, mencionó que no es trivial la suscripción de este documento pues, aunque ya existe una normatividad, la firma da cuenta de los compromisos asumidos a través de la historia.
Explicó que incluyen cuáles serán las obligaciones de la administración local para dar los apoyos necesarios al INE en cuanto a logística y demás compromisos de las áreas de Gobierno, para tener votaciones pacíficas que honren a la democracia.
“No queremos de ninguna manera que se confunda esta tarea y ejercicio de Gobierno indispensable en la Ciudad de México, para el bienestar de miles y miles de hombres y mujeres como puede ser la pensión de los adultos mayores, los apoyos a jefas de familia, a personas con discapacidad, a niños y niñas; no queremos que se confundan estas tareas de gobierno con ningún sesgo que involucre ideas electorales”, afirmó.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, declaró que este tipo de acuerdos no son nuevos, pues se han construido reiteradamente a lo largo de los distintos periodos electorales.
En el primer convenio, suscrito con el Gobierno de la CDMX, se plantea la participación del Gobierno capitalino en la difusión, de manera electrónica, de información que contribuya a que los ciudadanos ubiquen sus módulos de atención del INE, actualicen sus datos.
También se compromete a proporcionar los servicios de vigilancia y seguridad en el uso y traslado de materiales electorales, entre otros.
El segundo convenio, firmado por el INE y la Secretaría de Desarrollo Social local, señala que la dependencia debe difundir campañas de sensibilización para los servidores públicos en materia de legalidad y transparencia en el uso de recursos públicos y programas sociales, así como desarrollar sus actividades en estricto apego a la ley para evitar el uso de los programas en fines políticos.
