El gobierno de México reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, que constituye el primer deber del Estado mexicano.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) respondieron al Informe Anual de la organización Human Rights Watch.
Señalaron que autoridades de todos los niveles han trabajado, y continuarán con su labor, para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos en todo el país, asimismo reconocieron que si bien existen desafíos para alcanzar los objetivos, se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de esos retos en la materia.
Entre las acciones el gobierno mexicano destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 16 de enero de 2018.
“La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH)”, recordó.
Sobre el caso Ayotzinapa, el comunicado refiere que el Estado mexicano está plenamente comprometido con su esclarecimiento, así como con la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.
