La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, hizo un llamado a promover acciones de contraloría social, en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos destinados a programas de desarrollo social, con el fin de prevenir su utilización con fines políticos.
Durante la Primera Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Estados Federación (CPCE-F), que se realizó el 26 de enero, destacó la necesidad de acciones proyectadas con enfoque de blindaje electoral.
Considerando que este año se realizan las elecciones de mayor magnitud en la historia de nuestro país es imprescindible que promovamos las acciones de contraloría social en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos destinados a programas de desarrollo social con el objetivo de impedir que sean utilizados con fines políticos”, señaló Gómez González.
En un comunicado, la SFP indica que ante el exhorto hecho por su titular el viernes pasado, ya se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y con la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la actualización del Convenio de Colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir delitos electorales, suscrito en febrero de 2016.
SFP va «hasta últimas consecuencias» en casos de corrupción
En ese marco, el Coordinador Nacional de la CPCE-F, José Gabriel Rosillo Iglesias, indicó que en 2018 se realizarán elecciones federales y nueve elecciones para renovar Ejecutivo estatal, por lo que coincidió en que la contraloría social deberá adoptar un enfoque en materia de blindaje electoral.
El propósito es que el gobierno federal y la sociedad tengan la garantía de que los recursos federales no se desvíen a temas de carácter político. Por ello adelantó que el de blindaje electoral será uno de los temas de mayor relevancia en lo que se refiere a control interno.
El también Contralor General del estado de San Luis Potosí manifestó la disposición de los contralores estatales de la República Mexicana para promover diversas acciones de control interno con enfoque de blindaje electoral.
