México ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto a nivel mundial en envío de personas calificadas a países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tan sólo a nivel de posgrado en la última década 13 por ciento del total emigró a Estados Unidos.
Así lo señaló Luciana Gandini, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien destacó que lo anterior se debe a las dificultades que existen en el país para ofrecer empleos dignos y posibilidades de desarrollo.
Dijo que si bien la migración internacional de personal capacitado no es un fenómeno nuevo, en las últimas tres décadas ha adquirido relevancia debido a su “intensidad, persistencia y temporalidad”.
La interdependencia económica, el desarrollo de las comunicaciones, el transporte, el avance de la ciencia y la tecnología son factores que han contribuido con dicho proceso, planteó en el artículo Migración de alta educación, desarrollo y… derechos humanos ¿la incógnita de la ecuación?
En el texto publicado en la Revista Iztapalapa número 84 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la socióloga indicó que la fuga de capital humano calificado es analizada bajo dos ópticas: como ganancia o como pérdida.
La primera tiene que ver con su capitalización ya que podría convertirse en sí misma en un “proceso impulsor del desarrollo” mediante el envío de remesas, el retorno de trabajadores con habilidades, el intercambio y la circulación de mano de obra, y su participación en redes globales de desarrollo científico y tecnológico, dijo.
La segunda, en tanto, se relaciona con la pérdida de recursos invertidos en la educación, circunstancia que repercute en la economía nacional de origen, provocando subdesarrollo, desigualdad y atraso, mencionó en un comunicado de la UAM.
Otro aspecto que abordó la especialista es la salida de estas personas y su vínculo con los derechos humanos.
Tambén, consideró que en la medida en que se comprenda la relación entre migración de personas competentes y derechos humanos en México, podrán diseñarse políticas de aprovechamiento y vinculación para el desarrollo nacional.
“Una agenda favorable a las políticas de vinculación debiera fundamentarse en el marco de los derechos laborales y humanos, de manera que la migración se convirtiera esencialmente en una expresión de la libre elección de la persona y se garantizara el ejercicio pleno de los derechos de todo trabajador migrante en su propio país o en el extranjero”, puntualizó.
