La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó al Senado de las acciones que realiza para la defensa legal y el cabildeo en Estados Unidos respecto a la cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que afectaría a 600 mil jóvenes mexicanos.
De acuerdo con el Informe de Actividades de las Representaciones de México en el Exterior, correspondiente al año 2017, la embajada mexicana en Estados Unidos está en el proceso de identificar y contratar un despacho de abogados que fije la posición mexicana en este tema y la defensa de los llamados “dreamers”.
Se añadió que dicho despacho presentaría un escrito de “amicus curiae” (amigos de la Corte), en una Corte federal del distrito de Nueva York en el caso de la Batalla Vidal, et al. vs. Duke, et al., relacionado con la rescisión del programa de suspensión de deportaciones conocido como DACA.
Además, se indica que el embajador Gerónimo Gutiérrez “se reunió con la secretaria interina de Seguridad Interna de la unión americana para externar la preocupación sobre el impacto de esa decisión en los jóvenes mexicanos y en sus familias”.
Se reunió con legisladores de los partidos Republicano y Demócrata de ese país para darles a conocer la postura de México respecto a DACA. La Embajada también tuvo presencia en diversos foros nacionales como las convenciones nacionales de la American Immigration Lawyers Association (AILA) y la Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC).
“En el tema migratorio, la embajada dio seguimiento puntual al despliegue de las nuevas directrices de las autoridades estadounidenses para ejecutar su legislación en la materia y coadyuvó en el diseño de una política preventiva de protección consular”.
Intensificó los mecanismos de diálogo con autoridades federales laborales y de inmigración, así como la interacción con organismos especializados tanto académicos como de la sociedad civil, para promover y defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.
“Fortaleció asimismo la comunicación con las organizaciones que representan a la comunidad mexicana en ese país, así como con las que promueven los derechos de los inmigrantes de origen mexicano y latino”, se concluyó en el informe que analiza el Senado.
