El gobierno de la República asumirá en sus términos la Recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala, por lo que dejó encaminadas a las áreas a las que va dirigida la forma en que se tiene que proceder en las instituciones, afirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Ello, al resaltar que en el documento recomendatorio hay la plena certeza de que “por lo menos 19 cuerpos de jóvenes normalistas de Ayotzinapa fueron quemados e incinerados en ese basurero (de Cocula)”.
Además, porque “existe evidencia forense de otros restos óseos (huesos) que no han pasado por el examen pericial que se debe realizar para saber si también son parte de ese grupo de 43 jóvenes o si pertenecen a otras personas, dado que ese basurero se usaba para incinerar cadáveres”.
La Secretaría de Gobernación comentó que el análisis acucioso de la Recomendación permitirá a los mexicanos arribar a la justicia auténtica, aquella a la que están “todos los gobiernos obligados a cumplir y todos los mexicanos comprometidos en hacer valer.
CASO AYOTZINAPA: EN COCULA INCINERARON 19 CUERPOS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el hallazgo de 38 restos óseos es suficiente para señalar que los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, sitio donde la PGR dice que fueron quemados los normalistas de Ayotzinapa.
La CNDH presentó la recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, por lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Luis Raúl González, ombudsman nacional, urgió a realizar análisis genéticos a los restos para determinar si son de los normalistas, pues la incineración y disposición de cadáveres en ese predio era práctica común del crimen organizado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció que la Procuraduría General de la República (PGR) pudo evitar los crímenes, pero no lo hizo, pese a que las oficinas de la dependencia estaban a siete minutos del predio.
Y agregó que la desaparición sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.
LA CNDH documentó que 244 familias y 685 personas fueron impactadas por estos hechos.
