El gobierno federal investigará a todos los funcionarios del sexenio pasado implicados en el caso Ayotzinapa, “caiga quien caiga”, incluido el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón.
La investigación sobre el señor Zerón, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y presidente de la comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa, forma parte de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de una resolución del poder judicial.
“Fueron cuatro años sin voluntad política. Aquí vamos a usar el tiempo que sea necesario y no vamos a generar falsas expectativas para inventar resultados. La prudencia tiene que ver con la calidad de la investigación y sus resultados…La verdad (histórica, de la PGR) ya se derrumbó por todos lados, la propia investigación de la CNDH reconoce que se alteraron pruebas”, señalo en entrevista.
-Los padres dijeron que se burlaron de ellos en el gobierno del presidente Peña Nieto, se le planteó.
-Por supuesto que sí. Si no, no estaríamos aquí, instalando esta comisión.
“Vamos a empezar con lo que no se hizo o con lo que se hizo mal. Vamos a retomar de todas las investigaciones. Todos los servidores públicos (serán analizados) independientemente de las funciones que realizaron”, agregó.
El punto de partida de este trabajo – indicó- serán los informes del grupo interdisciplinario de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – conocido como GIEI- , las investigaciones del equipo argentino de antropología forense; los informes de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Además, las investigaciones de la PGR, ahora Fiscalía; las sentencias del Poder Judicial, como la del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, así como de los organismos internacionales, y al mismo tiempo se avanzará en las líneas de investigación que la comisión genere.
Igualmente el gobierno federal ofrecerá recompensas para quien proporcione información que ayude al esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Diseñaremos una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad. Vamos a crear la figura de posibles colaboradores eficaces en el desarrollo de esta investigación”, dijo Encinas durante la ceremonia de instalación de la citada comisión, la cual – subrayó- “se acogerá a todas las fuentes “.
Partimos, subrayó, de una premisa: “la única verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa”,respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas y el contexto en el que ocurrió.
La base de todo el proceso es el decreto presidencial de 4 de diciembre pasado, acerca de la creación de una comisión en la que se conjunten los recursos humanos y materiales disponibles para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los 43 estudiantes, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
La Comisión
No es una “comisión de la verdad”, explicó, en el sentido de tradición histórica, sino un mecanismo extraordinario con resultados a partir de un nuevo modelo de intervención gubernamental que, en coordinación con las víctimas, sus familiares, y organizaciones de la sociedad civil permita avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de más de 300 mil mexicanos y mexicanas en nuestro país.
La comisión, presidida por el subsecretario Encinas, estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda; ambos con sus respectivos suplentes.
Por parte de los padres estará Emiliano Navarrete Victoriano; Mario César González Herández; Cristina Bautista Salvador, Hilda Legideño Vergas, y María Martínez Zeferino.
Por los grupos civiles, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Santiago Aguirre Espinosa); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (Vidulfo Rosales); Servicios y Asesoría para la Paz (Miguel Alvarez Gándara), y Fundar, Centro de análisis e investigación (Huberto Guerrero Rosales).
En ambos casos, tres estarán de fijo y dos se rotarán.
El secretario técnico es Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos.
La comisión sesionará cuando menos una vez al mes, sin límite de reuniones. La primera reunión ordinaria será el próximo miércoles 23 de enero, en Gobernación.
El primer paso será aprobar los lineamientos de la misma y establecer contactos con autoridades locales; los incentivos o recompensas; colaboración internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para firmar acuerdos de cooperación.
También crearán un programa de asistencia para las víctimas, para garantizar apoyos de salud, becas educativas, acompañamiento psicosocial para los familiares de los desaparecidas y de personas ejecutadas en los hechos.
La comisión dará informes semestrales y está obligada a emitir uno final, cuya información pública podrá consultarse en el sitio www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx
“Nuestro objetivo es conocer la verdad; deslindar responsabilidades, castigar a los responsables sean quienes sean y que estos hechos no queden en la impunidad, pero fundamentalmente blindar a las víctimas y sus familiares…hacer justicia para que nunca más puedan suceder los hechos”.
