En el mundo existen actualmente unas 6 mil lenguas indígenas, pero según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ‘‘en 100 años se habrá perdido la mitad’’, alerta Yásnaya Elena Aguilar, integrante del Colegio Mixteco (Colmix), quien considera que en México las más amenazadas son: el ayapaneco, el kiliwa, el oluteco y el ixcateco, este último perteneciente a la familia otomangue.
Entrevistada al término de una conferencia en torno a la circunstancia actual de las lenguas originarias del estado de Oaxaca impartido en el Centro Cultural San Pablo, sostiene que uno de los mayores problemas de las lenguas indígenas es que todas están en serio peligro.
En México, explica, ese problema se debe a la carencia de políticas públicas que promuevan su rescate, pues pese a que una ley reconoce las lenguas indígenas como nacionales, ‘‘los usos y costumbres del estado en su administración no han cambiado’’.
Si un hablante de ixcateco llega a una oficina de gobierno y solicita algún servicio público en su lengua original no encontrará ningún funcionario que responda, a menos que hable español; ‘‘no se está garantizando el uso de esas lenguas en los ámbitos jurídico, de salud y educativo’’.
Eso obliga a los hablantes de alguna lengua indígena a expresarse en español para acceder a bienes o servicios que deberían recibir en su lengua materna, lo que a la larga hace que ellos mismos la rechacen y dejen de enseñarla a las nuevas generaciones. Por ello, apunta Yásnaya Elena Aguilar, la castellanización continúa avanzando.
Seis lenguas en Oaxaca
En Oaxaca se hablan seis lenguas maternas de las que derivan algunas variantes. Lamentablemente los gobiernos estatales y federales en los años recientes han aludido al rescate de esos idiomas, pero ninguno se ha preocupado por que la atención en el aparato estatal sea multilingüe, pues ‘‘es el mismo gobierno en sus tres órdenes el principal violador de los derechos lingüísticos, aunque haya leyes que los protegen’’, sostiene Yásnaya Elena Aguilar.
En lugar de que las autoridades acepten que su administración debe contar con funcionarios capacitados para atender en la lengua materna de cada población, se culpa a los indígenas por no hablar español y de ese modo se violentan sus derechos humanos.
Lo más grave, apunta, y quizá uno de los que más afectan es que en las escuelas de las diversas comunidades indígenas no se impartan clases en la lengua materna de la localidad, lo que es un problema en las ocho regiones del estado de Oaxaca, así como del país, pese a que las personas tenemos capacidad de aprender idiomas; incluso una escuela en Durango, calificada entre las mejores del país, en la comunidad menonita se enseña en su lengua original, el plautdietsch, y les enseñan inglés y español.
Destaca que en Oaxaca la lucha frontal por el rescate de las lenguas indígenas es de la sociedad civil y no del gobierno estatal.
Al respecto, Yásnaya Elena Aguilar aludió a la labor del pintor Francisco Toledo por conducto de los premios del Centro de las Artes de San Agustín (Casa) a la creación literaria en mixteco y zapoteco, así como la elaboración de juegos de mesa y traducción de libros en lenguas indígenas y sus variantes.
La escritora y defensora de los derechos lingüísticos manifiesta que otro problema de las lenguas originarias es la falta de visibilización de datos; por ejemplo, opina que en general la mayoría de la población desconoce el número de familias lingüísticas del país, 12, y a cuál pertenece cada una de las lenguas. Incluso uno de los errores más comunes es referirse como lengua materna, pues materna es el idioma que se inculca a cada persona.
Tomás Lopez Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), destaca que en el país ‘‘existe una violencia sistemática contra los hablantes de una lengua indígena; no es que queramos dejar de hablar nuestra lengua, lo tenemos que hacer porque se vuelve en muchos momentos un esquema de subsistencia en espacios sociales”.
Añade que el problema de los indígenas en el país es que el Estado trabaja con doble discurso; uno es aquel en el que se les reconocen todos sus derechos y son motivo de orgullo con sus tradiciones y costumbres y otro en el que no se tiene personal capacitado para atenderlos cuando se expresan en su lengua indígena y se convierten en un problema y los culpan por no entender determinado idioma.
Afirma que los sectores en los que más se presentan situaciones de esa naturaleza y que más afectan a los usuarios son en salud, justicia y educación.
En materia educativa hay severos problemas por la ubicación de los docentes, pues aunque hablen una lengua indígena no son enviados a impartir clases a su comunidad, sino que son destinados a zonas donde se habla otra lengua, lo que impide un desarrollo completo del profesor y el alumno.
En justicia, los indígenas cuando son acusados de un delito el Ministerio Público no cuenta con un funcionario que hable la lengua indígena del área en la que ocurre el caso o simplemente no se cuenta con un traductor.
Sin embargo, eso se ha estado resolviendo en los juzgados adonde llega cada asunto, pues de acuerdo con datos de 2012 del Cepiadet, 91 por ciento de los presos indígenas no contaban con un intérprete, dato que para 2018 se ha reducido a 50 por ciento.
