El Gobierno de México anunció este miércoles que protegerá a las empresas mexicanas con intereses en Cuba que sean demandadas por Estados Unidos en aplicación del título III de la Ley Helms-Burton.
Esta norma de 1996, que permaneció en suspenso durante 23 años, fue reactivada el pasado jueves por decisión del Presidente Donald Trump y permitirá demandar a firmas extranjeras relacionadas con propiedades estadounidenses confiscadas en la isla tras la Revolución (1953-1959).
“El Gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas”, señaló la Cancillería mexicana en un comunicado.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que “México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa”.
Y aseveró que su objetivo es “proteger los intereses mexicanos en el exterior”.
Para contrarrestar los efectos de esta norma estadounidense, México cuenta con la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, vigente desde 1996.
Esta legislación obliga a los tribunales mexicanos a negar la ejecución de sentencias o de requerimientos judiciales emitidos por tribunales estadounidenses con base en la Ley Helms-Burton.
Además, permite que las personas afectadas por la Ley Helms-Burton puedan demandar ante tribunales mexicanos a aquellos que los demandaron en cortes estadounidenses y solicitar así reparaciones por daños y perjuicios.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el pasado jueves las “ofensas contra el pueblo cubano” por parte de Estados Unidos por la activación del título III de la Ley Helms-Burton.
“Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Ese mismo día, la empresa de cruceros Carnival fue demandada judicialmente en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que tras la revolución fueron expropiadas a sus dueños sin compensación.
