La reforma aprobada por el Congreso local de Baja California, por la cual se amplia el periodo para gobernar de Jaime Bonilla, sí es inconstitucional, señaló hoy la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
“Por supuesto que es una reforma inconstitucional, pero como secretaria de Gobernación tengo que ser respetuosa del Congreso local, de los partidos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia“.
Sánchez Cordero dijo que está respetando el Estado de Derecho del Congreso local, pues la reforma fue aprobada “de forma casi unánime“.
“No estamos acostumbrados a respetar el Estado de Derecho, y yo lo estoy respetando a cabalidad, y ¿por qué lo estoy respetando? Porque un Congreso local expide una reforma constitucional, prácticamente en forma unánime, en ejercicio de las atribuciones que tiene”, indicó la funcionaria en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
La funcionaria precisó que las declaraciones que daba las hacía como ministro en retiro y no como secretaria de Gobernación, como tal le toca ser respetuosa de las decisiones del Congreso, señaló.
“Yo voy a respetar lo que hizo el Congreso aunque, en mi opinión como ministra en retiro, sí te puedo decir que en mi opinión, no como secretaria de Gobernación, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero como secretaria de Gobernacióntengo que ser absolutamente respetuosa de lo que decide un Congreso local”.
Ley Bonilla
Previamente, la Comisión Permanente del Senado condenó la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años el periodo del próximo gobierno de Baja California, y exhortó al mandatario Francisco Vega, legisladores locales y los cinco ayuntamientos “a dejar sin efecto el Decreto número 112, de reformas a la Constitución local, aprobado el 8 de julio” pasado.
Por unanimidad, senadores y diputados federales de todos los partidos se pronunciaron porque las autoridades locales garanticen el orden constitucional que fue trastocado con la modificación al octavo transitorio de la Carta Magna local.
