El presidente Andrés Manuel López Obrador envío una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para modificar los artículos 116 y 127 de la Constitución para que ningún funcionario de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos o alcaldes ganen másque el Ejecutivo Federal.
La propuesta recibida por la Comisión Permanente establece que el servidor público recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que debe ser proporcional a sus responsabilidades.
En el proyecto de decreto se destaca que la remuneración que perciban los funcionarios de organismos constitucionalmente autónomos no implicará una vulneración a su autonomía presupuestaria, pues se realizará con respeto al ejercicio de sus atribuciones puesto que estos deberán proponer los tabuladores respectivos que serán incluidos en el Presupuesto de Egresos.
También establece que los entes públicos dotados de autonomía son: Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Fiscalía General de la República, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales agrarios o la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, así como organismos con autonomía reconocida en las leyes tanto federales como locales.
Según la iniciativa, la retribución que reciba el titular del Ejecutivo Federal permanecerá como base para establecer un límite a las remuneraciones de quienes prestan servicios a la nación.
Se señala que las remuneraciones que sean superiores al límite máximo establecido deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto.
En un artículo transitorio la iniciativa plantea que en el nivel local, los congresos locales tendrán un máximo de 180 días naturales para que ajusten sus leyes y salarios a este tope máximo y establece que quienes no lo hagan serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
