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La Razón Online

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió momentáneamente las sanciones impuestas por el Congreso de Nuevo León, y avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por el uso de recursos públicos en su campaña como candidato a la Presidencia de la República.

La notificación publicada hoy señala que esta medida surtirá efectos de inmediato “y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse”.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, para que el Congreso local se abstenga de ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento, hasta en tanto se resuelva el presente medio de control constitucional en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, estipula el documento de la SCJN.

Previamente, la SCJN turnó a un ministro la controversia constitucional promovida por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco, y el secretario de Gobierno, Manuel González, contra el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó la sanción en su contra por las “broncofirmas”.

Cabe destacar que se interpuso este recurso por considerar que el Congreso estatal no es una instancia adecuada para sancionarlos por el asunto del acopio de firmas durante su campaña a gobernador, por lo que a nombre del Poder Ejecutivo presentaron la controversia.

La controversia constitucional fue interpuesta por el mandatario estatal y fue admitida a trámite este jueves por el ministro Eduardo Medina Mora, quien esta tarde presentó su renuncia al cargo en la Suprema Corte.

En días pasado, el Poder Legislativo de Nuevo León anunció que “El Bronco”, había desviado recursos para recabar firmas y conseguir su candidatura presidencial, además de poder competir en las elecciones federales de 2018; sin embargo Rodríguez Calderón la impugnó argumentando que se trata de un tema que le compete exclusivamente al gobierno federal.