Una mujer que caminaba por el centro de Xalapa fue toqueteada por un hombre. Denunció y consiguió que lo aprehendieran, no sin antes escuchar de los policías la advertencia de que el agresor saldría libre. Luego de proceder conforme a derecho, con el respectivo descuento por un día de ausencia en su trabajo, ella confirmó que aquél es un delito menor, narró la feminista y académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González.
Ante tal escenario, “los policías debieron cumplir su labor y la autoridad debería tener sanciones económicas y que tengan que ver con el encarcelamiento para que ése sea el mensaje estricto y fuerte hacia los hombres que agreden a las mujeres en las calles, el asunto es que es un delito menor”.
Lo anterior fue sólo un ejemplo que citó para ejemplificar lo importante que es atender adecuadamente las distintas violencias que día a día padecen las mujeres y así evitar los feminicidios en la entidad.
La docente adscrita a la Facultad de Antropología fue entrevistada por Universo, a propósito del 25 de noviembre, fecha que se ha convertido en emblemática para expresar la preocupación, inconformidad y reclamo de las personas y sociedad civil organizada que trabaja por la vida y seguridad de las mujeres, sin embargo también “se ha frivolizado”.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 54/134, que declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Con la fecha, se honra la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo (cuyo periodo abarcó de 1930 a 1961); y fue producto de la exigencia de mujeres de aquella nación caribeña por visibilizar tal suceso.
A propósito de la conmemoración, el lunes 25 de noviembre a las 12:00 horas en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, se presentará el libro Desplazadas por la guerra: Estado, género y violencia en la región triqui, de Natalia De Marinis, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Regional Golfo. Participarán las académicas de la UV Verónica Moreno Uribe, Estela Casados y la autora.
La sociedad debería exigir
Respecto a la fecha, Estela Casados comentó que el reclamo está enfocado en que a pesar de existir una serie de mecanismos gubernamentales para corregir la situación de violencia en contra de las mujeres, en lugar de que se logren avances graduales se va agravando.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que del primero de enero al 30 de septiembre de 2019 hay 295 asesinatos de mujeres en Veracruz, de los cuales 140 han sido clasificados por la autoridad competente como feminicidios.
Con tales cifras es posible decir que en el estado es asesinada, en promedio, una mujer por día; aunque en ocasiones son más, remarcó la entrevistada. “Es sumamente lamentable, así fuera una al mes o al año”.
Un planteamiento en el que hizo hincapié la integrante del Centro de Estudios de Género de la UV, es que no se atiende la escalada de violencia contra las mujeres, lo cual resulta grave y es una omisión del Estado. Incluso, “es un elemento que abona a potenciales feminicidios”.
De acuerdo con ella, los feminicidios se pueden frenar con medidas de seguridad, pero también con otras más de prevención, y una de ellas es atender las situaciones de violencias, entre ellas la física, sexual y psicológica (para conocer todas las tipificadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consulte https://bit.ly/35i8OHu).
“Hay un grado de impunidad enorme, hay falta de ejecución efectiva por parte de la autoridad competente y del Estado mexicano en general, y al irse acumulando tantas agresiones, impunidad y desestimación de los casos se genera una gran bola de nieve que rebota en feminicidios de mujeres.”
Si bien el 25 de noviembre es una fecha emblemática para exigir una vida libre de violencia contra las mujeres, a pregunta expresa, la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores admitió que “se ha frivolizado” al institucionalizarse de manera inadecuada.
“Más que institucionalizarse, es una fecha que se ha burocratizado porque ha caído en una serie de discursos políticamente correctos, de frases vacías, una serie de acciones que no dicen nada o incluso son ofensivas en el marco de lo que se está visibilizando, que es la violencia contra las mujeres y el delito de feminicidio.”
Pero la inercia institucional, insistió la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (https://www.uv.mx/ouvmujeres/), ha frivolizado la temática, pues de pronto parece que la única responsabilidad del Estado y las instituciones gubernamentales que la integran es colocarse un moño, hacer declaraciones políticamente correctas, impartir cursos de autoestima, entre otras estrategias que permitan decir que se cumple en ese tema.
Por un lado está la burocratización de la fecha y, por otro, está la indiferencia social del fenómeno del feminicidio, a grado tal que una persona se sensibiliza ante el asesinato de una mujer por ser alguien cercano al entorno, “por humanidad” o la misma condición de ser mujeres –pero en ocasiones, por la gravedad del tema, es preferible, como una medida de autoprotección, voltear a otro lado.
En cambio, “la sociedad debería exigir, presionar y obligar al Estado a que sea más efectivo y contundente”, dijo la integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres.
El tema está mal enfocado
La fecha en mención no pasa desapercibida por mujeres, así como la sociedad civil organizada en general, pero pareciera que fuera de ahí no hay un compromiso real, pues no se destina un presupuesto suficiente; no hay una reglamentación o sanción ejemplar que permita el castigo a las autoridades por omisión, cuando encubren al homicida o agresor y, por ende, colocan al propio Estado mexicano como cómplice.
En ese caso se evidenció el prejuicio de los policías, una visión errónea de que una mujer exagera, entre otras situaciones; por el contrario, la respuesta debió ser: “Hay un delito, hay que castigarlo, aquí están los elementos, vamos a hacer algo”; sin embargo, lamentó, que la Fiscalía especializada no tiene el personal, recursos, presupuesto ni infraestructura suficientes.
Es necesario tener claro que al atender adecuadamente las violencias de género no sólo se impartiría justicia, sino que se enviaría un mensaje a la sociedad en el sentido de que los agresores de mujeres son severamente castigados.
La investigadora universitaria también aclaró que para el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, la atención se enfoca de manera errónea, pues si bien las cifras son un elemento importante que permite realizar diagnósticos y política pública, es necesario concentrarse en solucionar la situación.
“Aquí no importa que sean 140 o un feminicidio, no debe haber ninguno, debe haber garantía de vida para todas las veracruzanas. Ése es el punto.”
En este tema, dijo la integrante del cuerpo académico (CA) en consolidación Género y Cultura, las instituciones de educación superior del país, como la UV, deberían tener claro su papel crucial como formadoras de recursos humanos en el marco de los derechos humanos, puntualmente en los de las mujeres, sin embargo no lo tienen.
“Lamentablemente las universidades son también el microcosmos de los prejuicios y todas las situaciones complejas que hay en nuestra sociedad. Creo que debería haber un replanteamiento no tan sólo del personal que conformamos las comunidades de las universidades, sino en aquellos marcos legales que permitan, fomenten y faciliten que se respeten debidamente los derechos humanos de toda la comunidad universitaria, y puntualmente los de las mujeres.”
No se trata de caer en una actitud de discriminación o exclusión, sino como respuesta estratégica e histórica a un estado de emergencia como el que tiene Veracruz, con dos alertas de violencia de género vigentes, las cuales abarcan precisamente los municipios en donde están ubicados los campus de la UV, y en ese sentido hacer ejercicios conscientes, cotidianos e institucionales que abarquen el “deber ser” de la institución.
De no haber un marco legal que permita consolidar, lo que sucede es que “se cae en lo ilógico del protocolo y los buenos deseos, pero no del cumplimiento”, subrayó; “si bien somos ‘Arte, Ciencia, Luz’, también debemos ser igualdad y respeto a los derechos de las mujeres”.
Por: Karina de la Paz Reyes Díaz
