- Abogados generales de 24 universidades públicas participaron en el XII Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas .
- Tuvo lugar del 20 al 22 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán .
La Universidad Veracruzana (UV) participó, del 20 al 22 de noviembre, en el XII Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas (Rejup), que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), foro en el que 24 juristas y representantes de instituciones de educación superior (IES) discutieron en torno a la defensa de la autonomía universitaria ante la injerencia de entes políticos y gubernamentales.
Alberto Islas Reyes, abogado general de la UV, intervino en este seminario desarrollado bajo el tema “Los nuevos paradigmas de la educación superior en la universidad pública autónoma” y comentó que, en mayo del presente año, por invitación de la Rejup, la máxima casa de estudios se adhirió a este organismo a través de un convenio.
Su participación, realizada el 22 de noviembre, fue en un panel donde se habló de las sentencias promovidas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con la autonomía universitaria.
No obstante, el posicionamiento por parte de los miembros de la Rejup fue de preocupación ante el interés de injerencia por parte de actores gubernamentales en los órganos autónomos y en especial en las autonomías universitarias.
El Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) y las universidades autónomas son los organismos en los cuales el gobierno pretende intervenir.
Islas Reyes expuso que la autonomía es por tradición un espacio de reflexión protegido por los universitarios, pues es ahí donde se permite el autogobierno, la auto normación, la aplicación presupuestal del recurso de manera clara, ordenada y transparente, así como la rendición de cuentas.
Por ello, desde este foro se lanzó el exhorto de respetar la autonomía y defenderla de cualquier injerencia de entes políticos como las legislaturas, por ejemplo, las cuales han pretendido designar a los contralores internos en las universidades.
El jurista subrayó que en el estado de Veracruz lo anterior representa una prohibición constitucional, pues la UV tiene una reglamentación distinta de los órganos autónomos.
“Hay algunas universidades públicas autónomas que tienen esa similitud con la UV, otras no y las propias constituciones locales les permiten la designación de contralores.”
Indicó que el interés de los asistentes al seminario es que haya un pronunciamiento de los rectores y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el tema de la defensa y autonomía.
“La autonomía es la esencia, el ADN de los universitarios, y no aceptamos que haya injerencia en la vida interna de las universidades públicas”, sostuvo.
Al respecto, comentó el caso de dos sentencias trascendentales que la segunda sala de la SCJN dictó en el tema de autonomía. Uno es el de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde la corte amparó a esta institución ante la designación de un contralor interno por parte del órgano legislativo.
El otro caso corresponde a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), donde la SCJN cambió el criterio y reconoció la validez de la designación del contralor por el Congreso local, bajo el argumento de que en su propia Constitución existían esas facultades.
Lo cierto, dijo, es que la Constitución política violenta la autonomía, pues es una grave invasión el hecho de querer fiscalizar las funciones sustantivas relacionadas con la docencia, investigación, libertad de cátedra y con la facultad de organización y operación de la autonomía.
“Es una grave invasión por parte de cualquier ente político, como en el caso de la Constitución del Estado de México”.
Alberto Islas aseveró que en Veracruz se tiene una Constitución muy similar en la operación universitaria a la del estado de Hidalgo y recordó que actualmente en el Congreso del Estado existe una iniciativa que es discutida y cuenta con un dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, en espera de que la Comisión de Educación y Cultura realice lo propio.
Añadió que dentro del autogobierno se busca la posibilidad de que la Junta de Gobierno, a través de su Ley de Autonomía, designe a este funcionario encargado de ejecutar los procesos de fiscalización y transparencia de los recursos públicos asignados a la universidad pública.
Manifestó que lamentablemente hay otras instituciones que enfrentan situaciones complejas relacionadas con el tema financiero y presupuestal, y de la intromisión de otros órganos políticos dentro de su universidad, lo cual rompe con la tradición plena de autonomía.
“Estos temas se discutieron y hubo un pronunciamiento de los abogados generales de hacer respetar la autonomía universitaria, es una obligación de todos los universitarios defender esta postura porque es lo que nos da grandeza, nos permite ser entes críticos y ser una institución con una alta credibilidad.”
Por: Claudia Peralta Vázquez
