Ananta Mazadiego Cruz, alumna de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), adscrita al Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana (UV), está por presentar su tesis “Cultura, territorio y movilización social en las cuencas Antigua y Actopan, Veracruz. Una experiencia de acompañamiento para el fortalecimiento de las estrategias jurídicas de defensa del territorio”, asesorada por Beatriz Torres Beristain y Gerardo Alatorre Frenk, directora y codirector, respectivamente.
La universitaria tuvo su primer acercamiento a dichas cuencas en 2019, concretamente en la región de Jalcomulco, dado su gusto por el deporte que ahí se realiza, y se encontró con la resistencia del pueblo contra el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, impulsado por la empresa brasileña Odebrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz.
Ananta recordó que el 20 de enero de 2014, el colectivo PUCARL instaló un campamento en el predio Tamarindo, donde Odebrecht desarrollaba trabajos para construir una presa cuya finalidad, según documentos de la propia empresa, es construir una hidroeléctrica. Desde entonces las obras están detenidas y bajo vigilancia continua de la población.
En ese sentido, una de las propuestas iniciales de su tesis fue que Jalcomulco fuera visibilizado como un pueblo «equiparable», pues eso implicaría que, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, se garantice el derecho a decidir sus prioridades en lo que respecta al desarrollo económico, social y cultural.
“Equiparables quiere decir que son indígenas o tribales, pero no es apreciado de inmediato. Pueden ser poblaciones que ya perdieron su lengua y vestimenta; sin embargo, conservan su cosmovisión, algunas palabras de su lengua materna y prácticas cotidianas que tienen que ver con una forma de vivir el territorio y de ocupar los recursos”, explicó Ananta en entrevista para Universo.
El amparo ciudadano
En un principio, la investigación tenía un sentido antropológico-etnográfico –cabe señalar que Ananta es egresada de la Licenciatura en Arqueología de la UV–, con la intención de que el documento sirviera para la defensa legal de la cuenca.
“Con esa idea estuve trabajando un año. Justamente el día que presenté los avances de mi investigación (6 de junio de 2018), se dio un levantamiento de veda en las cuencas Actopan y La Antigua”, explicó la universitaria.
La veda en la cuenca de La Antigua se estableció en 1935 y fue ratificada en 1948. Éste era el impedimento legal que tenían las empresas para explotar las aguas del río; no obstante, Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, la suprimió e hizo posible explotar manantiales, ríos grandes y menores, perennes y no perennes, detalló Ananta Mazadiego.
“Esta modalidad vende el agua por volúmenes. En la cuenca del Actopan tienen concesionado más del 50 por ciento del volumen de ríos; en la de La Antigua, el 45 por ciento. En ambos casos la concesión para la población únicamente es del dos por ciento.”
La noticia alarmó al colectivo PUCARL y por decisión unánime se interpuso un amparo ciudadano contra el levantamiento de la veda, para demostrar que el derecho al agua estaba siendo vulnerado.
“El amparo ciudadano está respaldado por un peritaje antropológico que el juez está obligado a leer. Si uno presenta otro tipo de pruebas, éstas son secundarias, pero el peritaje es ‘la reina de las pruebas’. Entonces, lo elaboramos; para ello realizamos talleres comunitarios con las metodologías que aprendí en la MEIS y surgieron más colectivos, como Brujeres.”
En el amparo hay participantes de las dos cuencas: ejidatarios, cafeticultores, amas de casa, adultos mayores, operadores turísticos, académicos, estudiantes, impulsores culturales y asociaciones civiles.
En ese marco, la abogada Jimena Ramos, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, recomendó utilizar la investigación de Ananta en el amparo, pero debía ser ampliada, pues era necesario demostrar la equiparabilidad de ambas cuencas. De ese modo, la tesis se enriqueció y es una de las pruebas que contempla el amparo ciudadano para acompañar el peritaje antropológico, en caso de ser requerida.
La MEIS, posgrado que cambia mentalidades
Para la entrevistada, ser estudiante de la MEIS ha sido sumamente valioso, pues le brindó herramientas metodológicas fundamentales para trabajar con colectivos y grupos vulnerables.
“Somos alumnos de distintas disciplinas y a todos nos ha cambiado el chip en cuanto a la sustentabilidad, distinta al desarrollo que plantean las empresas y el gobierno, basado en la destrucción, despojo, explotación, violencias y desaparición de culturas.”
En sus palabras, en este posgrado se aprende a coexistir de manera sustentable; es decir, “un buen vivir, un desarrollo de la gente para la gente, con sus propias visiones; que sean respetados los derechos humanos, las culturas, las cosmovisiones, las lenguas; que no se le dé la supremacía a la cuestión económica”.
La MEIS, opinó la universitaria, descoloniza y cambia la mentalidad: “En mi caso desató el proceso de amparo, la creación del nuevo colectivo de mujeres, cuya principal meta es la defensa y apropiación del territorio; incentivó en mí el consumo distinto, de impulsar la investigación y lo importante que es tener otra voz en una institución como la UV”.
Finalmente, Ananta insistió en lo importante que es para una institución educativa desarrollar investigaciones que rompan con el sentido convencional: trabajar con la comunidad, recabar información, darle forma al documento, obtener el grado y no regresar nunca más. “Es una visión utilitaria que continúa, por ello es necesario desarrollar investigación social que no sea extractiva”.
