El Mandatario envió la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados el pasado 12 de febrero, luego de una reunión con legisladores en Palacio Nacional.

Hoy, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que el Legislativo dará «máxima prioridad» a la iniciativa de López Obrador.

«Es sin duda una iniciativa relevante a la que vamos a darle la máxima prioridad, no solamente porque proviene del Ejecutivo, sino porque se trata de una propuesta de avanzada que ayuda a fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y permite acabar con la corrupción en el país», expuso.

La iniciativa del Presidente tuvo un vaivén de casi un año entre ambas Cámaras, que se rechazaron mutuamente cambios que hicieron a la propuesta original, lo que terminó por agotar el procedimiento.

El disenso legislativo se debió a que los senadores agregaron a la iniciativa de López Obrador que, además del Presidente de la República, los integrantes del Congreso pudieran ser también juzgados por hechos de corrupción, delitos electorales y traición a la patria.

Esta modificación fue rechazada dos veces por la Cámara baja, que volvió a la redacción original, en la que sólo se hace referencia al titular del Ejecutivo.

El Artículo 72 de la Constitución establece que, ante esta parálisis de ambas Cámaras, todo el proyecto se debe volver a presentar hasta un nuevo periodo ordinario de sesiones, como finalmente hizo el Presidente López Obrador.

En la exposición de motivos que dirigió a la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Laura Rojas, el Mandatario insistió en que mantendrá su propuesta original.

Argumentó que, para que exista un Estado de Derecho eficaz e igualitario, se debe garantizar que el Presidente de la República y de todos los servidores públicos puedan estar sujetos a procesos penales si cometen hechos delictivos en el ejercicio de sus facultades.

«A poco más de un año de haber tomado posesión como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sigo convencido de que la corrupción es la causa original de los males que aquejan al país. Reafirmo mi idea de que la deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder es lo que ha causado un mayor deterioro a la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación ilícita de los bienes del Estado», indica el documento, del que REFORMA tiene copia.

«A efecto de corregir ese mal comportamiento de los servidores públicos, nos comprometimos a gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, ejercer los recursos públicos de manera austera y abolir la impunidad. Es por esas consideraciones que quiero insistir en mi propuesta original para que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común».