Carlos Antonio Vázquez Azuara, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), dijo que la reflexión que ha dejado la pandemia por el virus SARS-Cov-2 es incorporar –de manera contundente– las plataformas tecnológicas al sistema de justicia mexicano para dar cumplimento al derecho humano de acceso a la justicia.
Lo anterior al organizar y participar en la mesa virtual de análisis “Implicaciones jurídicas actuales derivadas de la pandemia por el coronavirus en México”, llevada a cabo la tarde del lunes 11 de mayo a través de la plataforma digital Facebook Live.
En una primera parte de la mesa participaron Carlos Antonio Vázquez, coordinador de la mesa; Guillermo Benjamín Díaz Martínez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz; Cedma González Andrade, investigadora del IIJ, y Marycarmen Gómez Santiago, estudiante del Doctorado en Derecho.
Carlos Antonio Vázquez comentó que no sólo debe incorporarse estructuras tecnológicas en las diferentes áreas y ramos del acceso a la justicia, también capacitar a los abogados, fomentar el uso de las tecnologías, generar y propiciar el uso de juicios en línea, entre otros aspectos.
“No se trata de que sea más cómodo y seguro el sistema en línea o si el papel con sello es más seguro, sino que ante desastres naturales, circunstancias de salud o como la pandemia actual, la tecnología pueda ser una solución para alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz en materia de justicia.”
Se ha observado que las instituciones que tuvieron menos impactos negativos fue porque ya tenían incorporadas las tecnologías en sus diferentes giros, y habían capacitado a su personal en el uso de éstas.
Cedma González, investigadora del IIJ, dijo que la garantía de los derechos humanos debe estar en manos del Estado y de la sociedad
De haberse integrado las tecnologías al sistema de justicia mexicano, el derecho humano de acceso a la justicia hubiera tenido un menor impacto negativo; a partir de ahora deberán fortalecerse los procedimientos virtuales jurisdiccionales, en estricta observancia de todo lo contenido en la normatividad vigente, puntualizó.
“En el acceso a la justicia se dio una parálisis total, se suspendieron labores en los juzgados locales y federales, se pausaron los procedimientos, se interrumpieron los términos judiciales, y aunque está justificado que se priorizó el derecho humano de acceso a la salud y la vida, pudo haberse evitado.”
En tanto, Marycarmen Gómez en su participación intitulada “Pandemia y restricciones al derecho humano de acceso a la justicia en México”, señaló que la protección de las garantías no debe dejarse de lado, sino estar presente a lo largo de la contingencia sanitaria.
Una de esas garantías es el derecho al acceso a la justicia, de manera ordinaria y en situación extraordinaria, y tiene que ser vista desde: la justicia social, el que los grupos vulnerables tengan acceso a la justicia puede combatir la pobreza y la marginación, especialmente ahora que se acerca una recesión mundial; el derecho humano, al ser considerado un derecho bisagra, es decir, que ayuda a la protección de otros derechos humanos; y el rigor de la constitucionalidad como medio de control que tiene el ciudadano para frenar el poder del Estado cuando son violentados otros derechos humanos.
“Garantizar la democracia y el estado de derecho nos da certeza de que el país caminará en paz al término de esta situación extraordinaria.”
Por su parte, Cedma González habló de “El estado de excepción y la restricción de derechos humanos ante la pandemia por el Covid-19”; dijo que aunque en México se tiene un proceso jurídico apegado a un Estado democrático, se requiere de un ejercicio de conciencia y crítica de parte de la sociedad, es decir, no se trata de defender los derechos humanos a raja tabla cuando vemos que el contexto es complejo, como el vivido por una pandemia mundial.
Marycarmen Gómez mencionó que la protección de las garantías debe estar presente a lo largo de la contingencia
En el caso de la enfermedad del Covid-19, mencionó que los estudios realizados hasta el momento muestran que del 51 al 75 por ciento de los contagiados del virus SARS-Cov-2 son personas con enfermedades crónicas previamente existentes o de grado primero de obesidad, de ahí que debemos ser autorresponsables de nuestra situación actual.
“Creo que en este momento la garantía efectiva de los derechos fundamentales no puede estar únicamente en el Estado, en los tribunales o en las autoridades, requiere de una corresponsabilidad social y civil.”
Por último, Guillermo Díaz habló sobre el derecho laboral en la plática “La visión jurídica actual de los derechos laborales por la pandemia del coronavirus” y destacó que a partir de esta pandemia el derecho al trabajo tendrá que cambiar todos sus criterios.
La norma laboral deberá ajustarse a la realidad social, a fin de salvaguardar y alcanzar el equilibrio entre los actores de la producción, dado que el derecho al trabajo y el acceso a la justicia no serán los mismos antes y después de la pandemia.
“En materia laboral ya se ha adelantado con la reforma de 2019, donde ya vemos el principio de ‘realidad’ que se insertó sobre los elementos formales que lo contradigan, como el deber de privilegiar la solución de conflictos sobre los formulismos procedimentales. En este momento debe existir solidaridad y responsabilidad por parte de todos.”
Guillermo Díaz planteó que el derecho al trabajo tendrá que cambiar todos sus criterios
