Debido al confinamiento por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, desde marzo pasado los juzgados en la entidad dejaron de laborar propiciando que en materia familiar algunos padres o madres incumplan con la sentencia o convenio establecido, impidiendo que la otra parte conviva con los hijos y otros más incumplan con el deber de proporcionar los alimentos.
Ante esta situación, el investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), José Luis Cuevas Gayosso, considera que es necesario que el Poder Judicial (PJ) modernice mecanismos que posibiliten el cumplimiento de sentencias y convenios, como es el caso del pago de pensión alimenticia, que pudiera ser cubierto utilizando la tecnología, pero lamentó que “no se cuenta con una plataforma establecida para el cumplimiento de deberes en materia familiar”.
No obstante, reconoció que en esta materia el PJ ha logrado avanzar en dos principios: el interés superior de los menores, y en el de la protección a las familias, a las formas que hoy están integradas éstas, “y no sólo aquella concepción nuclear que tuvo antaño y que hoy afortunadamente ha evolucionado”.
Apuntó que en las sentencias y en los convenios “también se ha avanzado, las partes pueden constituir los convenios necesarios cuando las desavenencias dentro de la familia han fijado dos cuestiones fundamentales: la convivencia que los padres pueden tener con los hijos si existe separación de ellos, y la otra respecto al pago de alimentos”.
Experto en Derecho Familiar, el catedrático universitario refirió que con relación al pago de alimentos hubo un “pequeño avance” al establecerse guardias en el PJ para que los involucrados pudieran acudir a realizar sus depósitos en los juzgados, así como quienes los reciben pudieran acudir a cobrarlos, situación que no estaba prevista puesto que únicamente se recibían solicitudes para depósito y/o para fijar pensión alimenticia provisional.
“Hace aproximadamente tres semanas la administración judicial se dio cuenta que es necesario abrir esta posibilidad para quienes tienen que pagar los alimentos y para que quienes tienen que recibirlos puedan acudir a recoger el pago; sin embargo, no hay una reglamentación para quienes incumplan con el deber de permitir la convivencia, o con el de pago de alimentos.”
Agregó que el problema se ha ampliado al cumplirse más de dos meses de que los juzgados están sin servicio, han trascendido casos en los que se impide la convivencia determinada en una sentencia o en un convenio, y se ha incumplido con el pago de alimentos. “No tenemos regulada la forma de iniciar con un requerimiento para que se cumplan cualquiera de estos dos deberes, tenemos ya los juzgados digitales pero no para estos efectos”.
Cuevas Gayosso opinó que la realidad social y de salud que hoy se vive presenta esta laguna dentro del PJ, lo cual hace reflexionar que cuando se retorne a las labores jurisdiccionales se destaque la importancia de crear estas plataformas en donde la tecnología sea un apoyo para el cumplimiento de los deberes que en materia familiar puedan llevarse a cabo, así como también la capacitación del personal del PJ y de los abogados litigantes, a fin de que el uso de la plataforma sea eficaz.
Destacó también que investigadores que se desempeñan en el ámbito del derecho familiar trabajan en algunos artículos en los que se refleja esta necesidad, y proponen alternativas de solución como la creación de la plataforma y la capacitación a trabajadores del PJ y litigantes, y que con la participación de docentes del Seminario de Derecho Romano sea ésta una realidad que de manera digital o electrónica se pueda llevar a cabo.
Violencia intrafamiliar, problema minimizado
El ex director de la Facultad de Derecho apuntó que aunque la violencia intrafamiliar cae dentro del derecho penal, por comentarios de colegas e informaciones de medios de comunicación se ha observado que durante el confinamiento este problema ha ido en aumento, tanto contra las mujeres como contra los menores, aunque también existe violencia contra los varones y lo preocupante es que desde el ámbito gubernamental el problema se ha minimizado.
“El hecho de decir que esto no está sucediendo o que algunas de las llamadas son falsas es algo muy complejo, pues si una persona hace una llamada a escondidas y al llegar la autoridad esa persona puede estar amenazada para que no hable, entonces parecería que se trató de una llamada falsa; pero cuántas de estas situaciones por temor, incapacidad, ignorancia o no contar con la certeza de que su petición será atendida, no lo hacen y esto provoca que al interior se sigan viviendo daños.
”Otra manera de violencia intrafamiliar es impedir la convivencia o no proporcionar alimentos, pero de esto no hay un registro”, concluyó el académico.
Por: José Luis Couttolenc Soto
