La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha desplazado temporalmente a la principal amenaza que enfrenta la humanidad: el cambio climático; sin embargo, ha incrementado la preocupación de los científicos pues la era postcovid-19 estará marcada por la profundización de los daños ambientales y en la salud, advirtió Manlio Fabio Casarín León, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV).
La entidad académica mencionada llevó cabo la Mesa “Políticas públicas y agenda ambiental en la era postcovid-19”, el pasado 7 de julio a través de Facebook Live, con la participación también de Eduardo Bohórquez López, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, y Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, profesor de la UV e investigador en Fundación Olmeca.
Carlos Azuara, investigador del IIJ, dio la bienvenida a nombre de la directora de la institución, Petra Armenta Ramírez, y dijo que este contexto de confinamientos deja la incorporación de las tecnologías en la enseñanza y la vida académica.
Casarín León mencionó que el regreso a la “nueva normalidad” ha empezado a generar fuertes tensiones entre la reactivación económica, la estimulación a la misma y la protección del ambiente, en particular la lucha para mitigar los efectos del cambio climático.
“El cambio climático es más mortal que el coronavirus, así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Toda esta etapa de emergencia sanitaria en la que está inmersa la humanidad no debe distraer la lucha permanente para combatir el cambio climático, la desigualdad y el resto de los problemas que enfrenta el mundo.”
Mencionó que estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han demostrado que la aparición de enfermedades transmitidas por vectores, insectos o animales, se ven favorecidas por el cambio en el clima.
Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana
Estas enfermedades zoonóticas (provocadas por virus, bacterias u hongos) representan alrededor del 60 por ciento de los padecimientos infecciosos a nivel internacional; aunado a esto, el 75 por ciento de los nuevos patógenos humanos detectados en los últimos 30 años, se originaron en animales.
En términos generales, “las contribuciones climáticas se reconducen a las energías renovables y eficiencia energética, protección de los bosques, buenas prácticas agrícolas, transporte limpio, gestión de residuos, mejora de procesos industriales. Representan la apuesta para hacerle frente al cambio climático.”
En tanto, Eduardo Bohórquez recordó que México es pionero a nivel mundial en la construcción de modelos ambientales responsables: “Se cree que los neozelandeses y los australianos fueron los primeros en decretar un área natural protegida bajo el mar, en realidad fueron los mexicanos en el mar de Cortés quienes decretaron la primera hace más de 20 años”.
Destacó que instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como los institutos de ecología de las universidades, pese a tener pocos recursos económicos son áreas estratégicas para la sobrevivencia del Estado mexicano.
“Son los balances y contrapesos necesarios desde la ciencia que no tiene el Estado desde el Congreso. Ante la orfandad institucional de los congresos, necesitamos volver a la ciencia y al conocimiento, no tenemos alternativa salvo mostrar que, si no hay un balance razonable en la materia, no hay seguridad del Estado que pueda sostenerse.”
Por último, Jacobo Domínguez señaló que los recortes en materia ambiental son violaciones a los derechos humanos de tercera y cuarta generación, así que no sólo se trata de hacer limitaciones de naturaleza administrativa y económica.
“Cuando hablamos de una ponderación de derechos, no hablamos de una conflictividad entre derechos sociales y derechos ambientales, son de la misma importancia, lo que se necesitan son decisiones inteligentes.
”Las razones de austeridad económicas no son suficientes para que haya este tipo de limitaciones políticas y, por lo tanto, violaciones a los derechos humanos.”
Jacobo Domínguez, profesor de la UV e investigador en Fundación Olmeca
