- Investigadoras coincidieron en señalar cómo la impartición de justicia se ha tenido que adaptar a situaciones no contempladas en la ley-
- El gobierno ha buscado beneficiar a megaproyectos de infraestructura en la península de Yucatán .
Virginie Thiébaut, académica del IIH-S, destacó la complejidad existente en el entorno de la propiedad ejidal en Veracruz.
David Sandoval Rodríguez..
En el marco del Coloquio Internacional en Línea “Presente y futuro de la propiedad social. Tenencia de la tierra en México, siglos XX y XXI”, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH–S) de la Universidad Veracruzana (UV), se mostraron casos que muestran un escenario complejo de resolver para la justicia agraria.
En la primera jornada, “Legislación agraria, interpretaciones e iniciativas”, participaron Virginie Thiébaut, académica del IIH–S, quien expuso el tema “Ejidatarios, legislación agraria y territorios en Veracruz: noventa años de relaciones complejas”.
Advirtió que existe una gran diversidad entre las interpretaciones de la legislación agraria, con prácticas muy distintas a las previstas por la ley. Utilizó como ejemplos los ejidos Monte Blanco y Chavarrillo, al sureste de la capital veracruzana, por sus puntos en común: son aledaños a Xalapa y tienen una topografía accidentada con grandes barrancas, además de ser fundados en 1935.
Recordó que desde el inicio de la implementación de los ejidos se hizo una lista de beneficiarios, pero hubo una falta de adecuación entre los certificados de propiedad de tierra porque no decían qué superficie era y dónde se localizaba, lo que provocó una multiplicación de prácticas irregulares.
La idea principal era tener las parcelas ejidales fuera del mercado, considerando al ejido como propiedad social y un patrimonio familiar.
En Monte Blanco hubo dos grupos: los ganaderos acomodados, quienes iniciaron la solicitud del ejido; y los ejidatarios pobres, que muy pronto entraron en conflicto.
El ejido de Chavarrillo tuvo un desarrollo distinto, los ejidatarios fueron tomando parcelas en distintas secciones y una característica que destaca es la relación que tuvo desde 1930 con agraristas y políticos de izquierda estatales y nacionales; “con asambleas y registro de los movimientos de tierra, se puede decir que en Chavarrillo se respetó la legislación”, apuntó.
Con la reforma al Artículo 27 de la Constitución se creó una nueva forma de propiedad privada en dominio moderado y con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), en ambos ejidos se otorgaron certificados de propiedad para varias fracciones del ejido.
Gabriela Torres, académica del CIESAS Peninsular, señaló que se ha privilegiado el interés en los megaproyectos del gobierno
La investigadora reconoció que los ejidatarios de Chavarrillo se han apegado a los procedimientos de ley para la sucesión y la venta de fracciones de la superficie y se sigue un procedimiento que se aborda en asamblea.
A continuación, Gabriela Torres Mazuera, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Peninsular, presentó “Privatización de facto, disonancias normativas y sobreposiciones de jurisdicciones: resultados inesperados de las reformas al marco agrario de 1992 en México”.
Resultado de un trabajo de campo de 10 años en la península yucateca, explicó que la reforma a la Ley Agraria de 1992 puso en el mercado las tierras ejidales; sin embargo, planteó que “la idea de regularizar el registro agrario realmente resulta imposible por lo cambiante que es la propiedad y por la insuficiencia legislativa del Estado mexicano para adaptarse a los cambios que han sucedido en materia de propiedad ejidal”.
La reforma al Artículo 27 y a la Ley Agraria fue justificada bajo la temática de la seguridad jurídica de los ejidatarios y para 2016 ocurrió un incremento de los conflictos ejidales en las tres entidades de la península de Yucatán.
A pesar de la certeza jurídica que supuestamente se generó, “lejos del discurso oficial de la seguridad jurídica, ésta no llegó a varios ejidatarios por el interés de los empresarios y del propio gobierno por enajenación de tierras de uso común ejidal”, señaló.
En particular, destacan las denuncias relativas a conflictos por megaproyectos de desarrollo, ya sea de tipo energético, de infraestructura y turístico.
Por otro lado, como hecho novedoso, “las mujeres están disputando su sucesión de derechos, esto nos habla de un nuevo valor de la tierra; en la península de Yucatán me tocó ver casos de mujeres que se disputaban este ingreso”.
Torres Mazuera resaltó que al día de hoy en la evolución de la justicia agraria hay ausencia de ciertos reclamos, como un enfoque de justicia ambiental o intergeneracional que llegue a los tribunales.
