En foro sobre migración, en la Cámara de Diputados, migrantes, administradores de albergues y organizaciones civiles demandaron, por tanto, reformas a las leyes de asilo y refugio en México para adecuarlas a la nueva realidad, en la que centro y sudamericanos e incluso africanos se integrarán a México.

Ante la diputada Maribel Solache, de Morena, llovieron los testimonios de una realidad que oficialmente no existe: los migrantes padecen a polleros, a la delincuencia organizada, la extorsión del Instituto Nacional de Migración (INM), y hasta a los empleadores mexicanos que les quieren pagar menos que el salario mínimo diario.

Jonathan tuvo que pagar 150 dólares “de piso” para ser liberado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde vio secuestrados y golpeados. Él salió… pero cuenta que se quedaron mujeres, niños que no tienen ni para comer.

Mariel, venezolana, con dos niños sin documentos, vive como si no existieran ninguno de los tres; en México son fantasmas sin registro, dice.

Otra venezolana anónima cuenta la travesía de ella y de su hija: desde 2019 salieron de su país, separadas. “Yo, yo, ya no recuerdo quién fui. Estos años que llevo fuera de Venezuela no recuerdo ni quién fui”, dice. “Me quiero quedar en México” y es mejor que Chile o Colombia, en los que vivió un tiempo.

Pero a su hija migrar le trajo la peor parte y la dejó marcada de por vida: “a mi hija cuando sale de Chile pasando por la selva de El Darién la violaron siete hombres, violaron a niños en su presencia y nada pudo hacer, violaron a hombres… vio un niño, un niño de 14 años, se suicidó en la selva estando con ella porque sus dos padres habían muerto”, relata.

Dairú Salomón, también venezolana, estudió veterinaria y derecho, pero huyó con su hijo de siete años, ante el escenario: le iban a aplicar cárcel de 30 años por cuestiones políticas, ya que es militante opositora.

Ahora todos se quedaron atorados en México. “¿Qué tiene que pasar? Quedarse más tiempo en el albergue y buscar trabajo para en su momento mantenerse solos”, afirma Gabriela Hernández, del Albergue Tochan, ubicado en Avenida Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

“No podemos cerrarles las puertas, no tienen a dónde ir”, asegura al pedir apoyo a los legisladores.

La ley de Refugio en México no se les puede aplicar -explica- porque esta obliga a que una persona que entra a México antes de 30 días debe presentar su solicitud de refugio. Y los que estaban aquí no lo hicieron para que no se les obstaculizara registrar su cita en el CBP One, por lo que sin solicitud de refugio y vencido el plazo para presentarla, son considerados ilegales.

Requieren, dice, un programa como el que aplicó el expresidente Enrique Peña Nieto en 2016 y en 2018 antes de que acabara su periodo, para la regularización temporal de migrantes.

“Eso ayudó a mucha gente a obtener su estancia regular en México, abrir oportunidades de trabajo y pensar qué van a hacer, cómo rehacer su vida.

“Ya no pueden regresar a Venezuela porque se van a la cárcel. Los de El Salvador si tienen un tatuaje ya no pueden regresar a su país porque los van a apresar. Si es una persona de la diversidad sexual peor tantito pues ya tampoco podrían intentar todavía llegar a Estados Unidos”, agrega.

Pero ahora son las leyes mexicanas un obstáculo, más que Donald Trump y que los cárteles, considera Víctor Lampón, Centro Cristiano de Restauración Guerreros de Fe que realiza el programa “La mano de Dios en apoyo del migrante” y quien plantea que se requieren reformas legales y regularizar la estancia de todos los que se han quedado en México y no pueden regresar a sus naciones.

Rocío Valencia, encargada del albergue de la iglesia menonita, en Ecatepec, expuso además que quienes apoyan a migrantes lo hacen sin ningún tipo de apoyo y con el riesgo de que el INM en algún momento llegue y persiga o extorsione a las personas.

Y es que la ciudad de México como que ya nos estamos alejando de ser una ciudad santuario, la ley de Interculturalidad no está aplicándose, necesitamos que se les den papeles y trato digno, indica Gabriela Hernández.