La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su secretario ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria.
A través de un comunicado, la CIDH rechazó en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en prejuicio del Estado mexicano, en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia que considera radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.
Y expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.
El organismo aclara que Emilio Alvarez Icaza, en su carácter de titular de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”.
“Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”, aclaró.
La denuncia señala: “Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos.”
El órgano internacional defensor de los derechos humanos refiere que el acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los normalistas de Ayotzinapa, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, precisa la CIDH.
