El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, informó que hoy recibió el escrito de parte del empresario Alberto Sentíes, dueño del Ferrari Rojo sobre el acuerdo reparatorio a favor de Jair Alberto Gómez, víctima del ataque por parte del escolta de Sentíes.
Por lo cual analizará cuidadosamente para resolver si o no procede.
Entrevistado en el marco de la conmemoración del Día del Juzgador Mexicano, el magistrado presidente precisó que mañana se reunirá con el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de esta capital con quien tendrá que analizar el documento.
Agregó que tiene que analizar de qué delitos se le acusa a Sentíes para determinar si se puede realizar este acuerdo reparatorio o se sigue el caso por oficio.
Cabe recordar que este lunes se informó de un acuerdo que llegaron ante un notario público el empresario Sentíes y la víctima, Gómez, donde plasmaron los términos en cómo se reparará el daño a Jair Alberto por los golpes que recibió del guardaespaldas del dueño del Ferrari Rojo.
Consideró que posiblemente se tendrá una definición de este caso mañana martes ya que se sepa qué es lo que está pasando. “Yo espero que esto no continúe y como siempre los acuerdos reparatorios que puedan coadyuvar a que no continúen los asuntos penales son benéficos”.
Explicó que tendrá que reunirse con el procurador de ser posible mañana mismo, y tienen que analizar qué tipo de delito va a acusar el Ministerio Público y si permite o no este acuerdo reparatorio.
Indicó que todos los acuerdos reparatorios tienen que ser aprobados por un juez, y si el acuerdo viene de la procuraduría tiene un sentido y si será judicial tiene otro sentido.
“Si el acuerdo reparatorio se deriva de un delito que se persigue por oficio o no se persigue de oficio, se admite o no el acuerdo reparatorio, y ahora no puedo responder si procede o no, sería irresponsable de mi parte. Mañana ya tendrá el Tribunal una definición al respecto”, afirmó.
En otro tema, se le preguntó sobre la jueza Julia Ortíz Leandro, quien era encargada del Juzgado 30 y que fue despedida por diversas faltas administrativas en un periodo corto de tiempo.
Dijo que este hecho es parte del cambio que se le pretende imprimir al tribunal que ahora tendrá el reto mayúsculo de formar las bases para el futuro de la justicia en la Ciudad de México.
Recordó que la jueza lamentablemente acumuló una serie de faltas que fueron sancionadas por el Consejo de la Judicatura en su momento y que llegaron acumularse hasta cuatro faltas y la Ley Orgánica “nos permite separar a un juzgador que acumule más de tres faltas”.
Agregó que todas las faltas fueron impugnadas ante la autoridad federal y la jueza recurrió al juicio de amparo y en todos los casos a la autoridad federal consideró la razón al Consejo de la Judicatura y la falta fue procedente.
Señaló que es lamentable este tipo de faltas administrativas que empañan la función judicial y reiteró que “no se va a permitir absolutamente distracciones de ninguna especie”.
“Los jueces estamos para equivocarnos, sí, pero de buena fe, para interpretar la ley, para que autoridades e instancias superiores puedan o no estar de acuerdo pero no para hacer cuestiones indebidas que puedan representar responsabilidad administrativa”, concluyó.
