José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, nunca ratificó la denuncia por supuesto fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el no ejercicio de la acción penal.
Ortega presentó una denuncia en la PGR el 15 de marzo y tenía cita el día 23 de marzo para ratificar ante el agente del Ministerio Público de la Federación; aquél día aseguró que tenía pruebas de que hubo malversación de fondos en perjuicio de la Nación, por aproximadamente 2 millones de pesos, pero tampoco presentó las evidencias.
“La Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal.
“La notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el día 4 del mes en curso”, dio a conocer la PGR esta mañana en un comunicado de prensa.
Álvarez Icaza advirtió que México está “en una señal muy clara de regresión autoritaria” por esta investigación.
La CIDH también rechazó la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su secretario ejecutivo.
En un comunicado, la CIDH rechazó la indagatoria que resulta temeraria e infundada. DMH
