La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, esto por considerar que afectan los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.
Ello luego de que la propia Corte admitiera analizar la acción promovida por diputados del Estado de México.
El 18 de marzo pasado, fue publicada en el periódico Oficial del Estado de México, una reforma a dicha Ley, la cual faculta a las fuerzas estatales de seguridad a usar armas de fuego cuando durante una manifestación los oficiales consideren que la vida de un tercero esté en peligro, en defensa propia o cuando haya un delito grave.
Grupos sociales bautizaron esta reforma como “Ley Atenco”, recordando el movimiento de ejidatarios mexiquenses de hace una década.
Tras de su publicación, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos solicitaron a la CNDH su intervención para promover la acción de inconstitucionalidad, al considerar que el uso de armas de fuego viola el derecho a la libre manifestación. Incluso, el Ejecutivo y Legislativo mexiquenses solicitaron al organismo analizarla.
Después de analizar cada punto de la Ley, la CNDH determinó que si bien es necesario regular el uso de la fuerza, ésta debe de garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, además de la protección amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos.
“Esta Comisión se dio a la tarea de realizar un análisis integral de la misma, contrastándolo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que sobre la materia existen, detectando algunas posibles inconstitucionalidades; algunos de estos elementos fueron coincidentes con los argumentos planteados en las solicitudes de promoción de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la CNDH diversos organismos políticos y organizaciones no gubernamentales, a quien en lo particular, les preocupa la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión”, informó la Comisión en comunicado.
Así, la CNDH deja en manos de la Suprema Corte la interpretación de esta Ley estatal para darle certeza jurídica a las facultades que tienen los elementos de seguridad estatales del Estado de México.
