La Fiscalía General del Estado cumplió con la reforma constitucional en materia de derechos humanos al crear el protocolo de investigación para los delitos cometidos en agravio de personas defensoras de los derechos humanos
con motivo del ejercicio de su labor, que entre las medidas incluye la intervención telefónica inmediata de personas relacionadas con la víctima.
Aunque la CNDH establecía en su recomendación la creación de una fiscalía especializada en esta materia, la Fiscalía General del Estado decidió que basta con un protocolo, pues resalta que la extensión territorial de Veracruz es muy grande como para tener una agencia en cada región.
Por ello, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras se vio obligado a la creación y publicación de tal acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado para estar en aptitud de cumplir con la obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas.
“La institución, para efecto de ofrecer un servicio eficiente con respecto a la atención que se le pueda brindar a las personas defensoras de los derechos humanos, y debido a que por su amplia extensión territorial del Estado se imposibilita la creación de una sola fiscalía especializada, motivo por el que se instruye a todos los fiscales, policías y peritos, atender cualquier denuncia de hechos que agravien a las personas defensoras de los derechos humanos”, justifica el acuerdo.
Entre las acciones que plantea el protocolo se encuentra que los fiscales que tengan conocimiento de denuncias o querellas presentadas por personas defensores de derechos humanos que por motivo de su labor hayan sufrido algún ilícito, deberán de iniciar de manera inmediata la carpeta de investigación ministerial, quienes para su correcta integración deberán practicar, de manera enunciativa más no limitativa, las diligencias correspondientes.
Deberá ordenarse de manera inmediata y vigilar que el personal pericial y policial se traslade y realice la inspección del lugar de los hechos para que se proceda a la toma de placas fotográficas de cada uno de los indicios y evidencias que resulten de importancia para la debida investigación.
Proporcionar a la persona agraviada, inmediata asistencia médica y psicológica, cuando lo requiera o sea necesario, a través del Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito.
