En México, cada día se extiende más la práctica del fracking, un método de extracción de gas de esquisto o shale que plantea importantes amenazas para el aire, agua y salud, de acuerdo con diversas investigaciones científicas que demuestran que los daños causados por esta técnica no pueden ser evitados a través de marcos regulatorios como lo pretende hacer el Gobierno federal a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPA).
“La ANSIPA dice que está trabajando en un protocolo de lineamientos no vinculantes (no obligatorios) para las empresas, a partir de los cuales puedan regular la parte de la fractura hidráulica. Dicen que observando estos lineamientos podrán evitar la mayor parte de los impactos ambientales. Eso es mentira porque claramente tenemos el convenio de estudios donde la conclusión dice que esta actividad no se puede regular”, explicó Francisco Cravioto Lagos, investigador de la Alianza Mexicana contra el Fracking, en entrevista SinEmbargo.
El especialista añadió que en el mundo no existe suficiente regulación que permita que esta actividad se realice de forma segura, por lo que esta práctica “se debe prohibir en México”.
La Alianza Mexicana contra el Fracking, conformada por 45 organizaciones que se encuentran presentes en toda la República Mexicana, desde 2013 ha presentado múltiples estudios y evidencia científica sobre las afectaciones de este método; sin embargo, exponen que las autoridades tanto federales como locales no han emitido algún pronunciamiento sobre esta práctica, a pesar de la preocupación de la ciudadanía.
Al contrario, dicen, “las autoridades parecen defender el fracking debido a que están coludidos con las empresas que buscan explotar estos mercados”, destacó Cravioto.
“En el tema se han hecho declaraciones tanto por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, inclusive la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero éstas han sido para mitigar en la opinión pública las afectaciones de este tipo de proyectos y los promueven abiertamente descartando los estudios que han presentado las organizaciones”, añadió.
El colectivo de la Alianza contra el Fracking también se ha acercado con legisladores federales para presentar iniciativas. En noviembre pasado promovieron junto con algunos legisladores la Ley General de Prohibición de la Fractura Hidráulica en México, sin embargo, la gran mayoría de ellos descartó la propuesta.
“También hemos tratado el tema directamente con funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ellos se deslindan de la responsabilidad porque dicen que no es su función, lo único que hacen es vigilar el proceso de contratos y licitaciones. Dicen que no tienen la responsabilidad de vigilar las afectaciones sociales”, precisó Cravioto Lagos.
De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, en México esta práctica de la fractura hidráulica se lleva a cabo desde hace 60 años, en diferentes grados, pero la técnica que viene denunciando las organizaciones es la que se quiere realizar el Gobierno en los próximos años. “Es aquél que implica la perforación horizontal e inyección de un fluido rico en químicos bastante nocivos para la salud y que utiliza grandes cantidades de agua”, mencionó Cravioto.
La organización plantea al Gobierno federal que lleve a cabo una transición de una economía libre de hidrocarburos, dicen que existen alternativas tecnológicas para hacerlo pero que las autoridades no las están tomando en serio y apoyan el fracking. “ Sacrifica a la población mexicana en aras de alimentar un mercado insostenible”.
A nivel internacional existen diversos estudios que han demostrado los daños que causa el fracking en las poblaciones, sin embargo, en México son muy pocos. La razón: falta de información por parte del Gobierno.
“Lo primero que necesitamos para realizar los estudios de impacto ambiental por el fracking es que tanto el Gobierno federal como Petróleos Mexicanos (Pemex) nos proporcionen información fidedigna de dónde se encuentran estas perforaciones”, comentó el activista.
Destacó que sólo han obtenido una solicitud de información de Pemex, donde indica que se han perforado 934 pozos con la técnica del fracking en el país, distribuidos en su mayor parte en Veracruz (300), en la Cuenca de Burgos (200), más de 120 en la Sierra Norte de Puebla, entre otros.
“No tenemos la localización exacta de estos pozos, es decir, en qué ejido se encuentran, en qué comunidad, junto a qué acuífero o río, esa información es importante para poder medir el impacto. Lo único que hemos recibido de Pemex es una tablita enumerando los pozos”, señaló.
Los pocos estudios que se han realizado sobre el impacto de la industria petrolera en México se han efectuado en la región de Burgos, ubicado entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en Veracruz y Puebla.
NUEVO ESTUDIO REVELA MÁS DAÑOS
Un estudio reciente publicado en Estados Unidos concluyó que la contaminación del aire, originada por el fracking pone en riesgo los pulmones y corazón de las personas, particularmente en los niños pequeños y bebés.
El estudio –el primero que se centra específicamente en cómo la perforación del petróleo y gas de esquisto afecta la capacidad de respirar en niños–, expuso que desde la matriz, el desarrollo de sistemas respiratorios de los niños son especialmente vulnerables a los contaminantes del aire, cinco de ellos están asociados con la fractura hidráulica.
“Llegamos a la conclusión de que la exposición al ozono, [partículas], polvo de sílice, benceno y formaldehído está vinculada a efectos de salud en la respiración, especialmente en los lactantes y los niños”, escribieron los investigadores en el estudio, titulado “Potential hazards of air pollutant emissions from unconventional oil and natural gas operations on the respiratory health of children and infants”.
Los investigadores precisaron que desde 2013 más de 560 estudios se han realizado sobre el impacto de esta técnica. “En otras palabras, en los últimos años, los riesgos de fractura hidráulica se han vuelto mucho más intensamente estudiado – y los resultados muestran buenas razones para estar preocupados acerca de cómo se ve afectada la salud de las personas”, detallaron.
Sobre la base de los riesgos asociados con el aire mezclado con los cinco contaminantes más estudiados para respirar, los investigadores expresaron su preocupación de que la práctica del fracking se realice cerca de los hogares, guarderías y escuelas.
“Recomendamos que, como mínimo, se deben establecer los contratiempos de una milla entre las instalaciones de perforación y viviendas ocupadas tales como escuelas, hospitales y otras viviendas donde los bebés y los niños pueden pasar una cantidad considerable de tiempo”, escribieron.
En Estados Unidos no hay datos disponibles sobre el número de escuelas o guarderías infantiles que se encuentran cerca de donde se trabaja con esta práctica, y en México menos. En parte porque no hay regulaciones federales que requieren la industria para realizar un seguimiento de los datos.
Mientras tanto, los riesgos asociados específicamente con el fracking han empezado a llamar la atención de los ciudadanos en México y de la comunidad científica a nivel internacional.
Con una urgencia cada vez mayor, los grupos de profesionales de la salud y de científicos, están emitiendo un llamando para que se realicen estudios completos y a largo plazo sobre la gama completa de efectos potenciales a la salud y a los ecosistemas ocasionados por el fracking.
Los profesionales de la salud y científicos en los Estados Unidos y de alrededor del mundo, han exhortado para que haya una regulación estricta y para algunos casos, que se suspendan las actividades de extracción de petróleo y gas no convencional, con el fin de limitar, mitigar o eliminar sus serios y adversos riesgos a la salud pública.
El pasado martes, especialistas internacionales presentaron el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del Fracking” en la Ciudad de México. Este documento fue la base para prohibir este método de extracción en el estado de Nueva York, Estados Unidos en diciembre del 2014.
“El 85 por ciento de la literatura científica que estudia los riesgos del fracking los ha encontrado. El fracking no puede es ni puede ser seguro. Esa es nuestra conclusión”, dijo Sandra Steingraber, profesora del Colegio de Ithaca en Nueva York, durante la presentación.
El documento que se encuentra dividido en 17 ejes fue elaborado en Nueva York por colaboradores que no fueron pagados.
De acuerdo con el compendio, las regulaciones del fracking no bastan para evitar la contaminación en el ambiente. “Hay fuertes consistencias de que el agua queda contaminada con al menos 19 tóxicos, incluyendo algunos cancerígenos”, apuntó la profesora.
En la COP21 celebrada en Paris, importantes dirigentes empresariales aseguraron tener tecnología para generar extracción limpia. No obstante, son los mercados financieros los que han impedido su implementación.
EL RIESGO EN PUEBLA
Una investigación presentada hace dos meses, alertaba que al menos 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla se encuentran en riesgo por la perforación de aproximadamente 233 pozos mediante la técnica de fracking para la extracción de gas.
Según la investigación “La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”, distintas organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos de la región denunciaron que el Gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética.
Estas acciones ponen el riesgo a los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua.
El documento alerta que la región está en la provincia petrolera Tampico-Misantla, la segunda del país en prioridad para explotar hidrocarburos en yacimientos de lutitas (no convencionales) a través de fracturación hidráulica.
“Pemex calcula que esta provincia cuenta con la mayor cantidad de recursos prospectivos de petróleo y gas húmedo en este tipo de yacimientos, con 57.8 por ciento del total nacional. Por lo que el Estado planea intensificar la actividad exploratoria en los próximos años para determinar las reservas realmente existentes, lo que ya implica el uso de la fracturación hidráulica y, consecuentemente, la generación de impactos negativos y daños irreparables a las poblaciones indígena y campesina de la región”, detalló el documento.
De acuerdo con el análisis, en 2013 existían ya al menos 233 pozos en los que ya se utilizaba la técnica en los municipios de Francisco Z Mena, Venustiano Carranza y Pantepec, con 121, 98 y 14 pozos respectivamente. Dichos datos se obtuvieron a través de solicitudes de transparencia, ante la falta de información por parte del Gobierno a las comunidades afectadas.