La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la impunidad imperante en el caso de Tlatlaya, donde en junio de 2014 ocurrió el homicidio de 22 personas atribuido a militares.
Según un comunicado publicado por la vocera de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, a casi dos años de los hechos, que incluyeron 12 ejecuciones extrajudiciales, resulta inaceptable que no existan imputados.
Recordó que en octubre del año pasado fueron desestimados por un juez los cargos contra cuatro uniformados, y en días anteriores sucedió lo mismo con los otros tres soldados detenidos en relación con el caso, esto bajo el argumento de la falta de evidencias.
“Sigue la impunidad y a las víctimas continúa negándoseles el derecho a la justicia y la verdad”, acusó.
Refirió que en un almacén de Tlatlaya murieron 22 personas, en sucesos descritos por el Ejército mexicano como un enfrentamiento con narcotraficantes, pero testigos y organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que los supuestos delincuentes fueron ejecutados pese a estar rendidos y desarmados.
En su visita en octubre de 2015, el alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein señaló que el caso sería observado como una prueba del compromiso de las autoridades de México con la lucha contra la impunidad, comentó.
Ante ello, la vocera llamó al gobierno mexicano a garantizar que investigaciones efectivas, imparciales e independientes que lleven a la justicia.
También instó a que las detenciones estén marcadas por altos estándares de respeto a los derechos humanos y el debido proceso, que no se ignore la posible responsabilidad de jefes militares o de quienes manipularon evidencias en la escena del crimen.
“Deben ser rigurosamente investigadas otras presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso Tlatlaya, incluyendo la detención arbitraria y la tortura de testigos”, indicó.
