La Procuraduría General de la República (PGR) actuó dentro del marco jurídico en la detención de dirigentes de maestros disidentes, porque había una denuncia contra ellos por presuntamente haber usado recursos que tenían otros fines estipulados.
En entrevista con la prensa al términos de la declaratoria de inicio de operaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Delitos del Orden Federal, descartó cualquier sesgo político.
“Actuamos con absoluta responsabilidad. Cuando tenemos integrada una averiguación y sabemos que ya estamos en posibilidad de presentarla ante el juez y después tener una resolución favorable, lo presentamos. La procuraduría no actúa de manera política, la procuraduría actúa de manera jurídica”, subrayó la procuradora.
En el Palacio de Justicia Federal, la funcionaria también se refirió a la extradición del narcotraficante Héctor El Güero Palma Salazar y dijo que la procuraduría debe actuar con absoluta responsabilidad y apegada al marco jurídico.
“En este momento lo que estamos haciendo es ver cómo va a llegar la repatriación del Güero a la República Mexicana, y en ese momento ya tendremos los elementos necesarios para saber cuál es la determinación de la PGR. Se está trabajando en esto”, explicó.
Durante la ceremonia de entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la abogada de la nación reconoció el esfuerzo y compromiso de los Poderes Legislativo y Judicial para la puesta en práctica de ese proceso.
Confió que en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión se avanzará en la aprobación de las leyes de Justicia para Adolescentes, Nacional de Ejecución de Penas, la miscelánea penal y las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
“La armonización de los criterios de actuación de las autoridades federales en la implementación del sistema continúa, al igual que la adopción de mejores prácticas en las entidades federativas donde previamente ya operaba el proceso penal acusatorio”, agregó.
En la Procuraduría General de la República se cumplieron a cabalidad los objetivos planteados en los indicadores para medir los avances en la aplicación del sistema.
A partir del sábado 18 de junio iniciará la etapa de consolidación, la cual obligará a hacer un ejercicio de autocrítica respecto a la actuación de los servidores públicos en el procedimiento penal.
Por ello se requiere que las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia fomenten la correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación, la capacitación y profesionalización permanente de sus servidores públicos.
Si se quiere garantizar el éxito de este sistema, se debe trabajar en transmitir a la ciudadanía sus beneficios, bondades y desafíos, pues el reto y objetivo central es acercar la justicia a la sociedad.
En ese marco destacó la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, en los estados de Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, el archipiélago de las Islas Marías y el resto de los territorios a los que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución.
Para “el Gobierno de la República, la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es una prioridad nacional y uno de los ejes rectores que conforman el Plan de Trabajo de la Procuraduría General de la República”, abundó la titular de esa dependencia.
