La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, reiteró ante senadores del Partido Revolucionario Institucional que el caso Iguala no está cerrado, “no hemos terminado nuestro trabajo, seguiremos hasta llevar a la justicia a todos los responsables”, aseguró.
En ese sentido dijo que hasta el momento van 168 personas detenidas por este caso. “De ellas, 54 son policías municipales de Iguala y 19 de Cocula. El resto son integrantes, cómplices o asociados del grupo delictivo de Guerreros Unidos”.
Además se han realizado 650 labores de búsqueda para localizar a los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Se han obtenido 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión, por diversos delitos como: secuestro, delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidio y portación de arma de fuego, entre otros.
Otras acciones realizadas en el marco de las investigaciones de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron 20 cateos y 897 declaraciones ministeriales. Se efectuaron también mil 678 intervenciones periciales en materia de criminalística de campo, fotografía forense, antropología forense, química forense, ambiental, incendios y explosivos.
Destacó que se han atendido con mucha pulcritud, las observaciones que al caso ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que se cuenta con 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de las cuales se atendieron el 91 por ciento y las restantes se encuentran en vías de cumplirse.
Al acudir a la novena Reunión Plenaria del PRI en el Senado, Gómez González también anunció que en colaboración con las secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaboraron una iniciativa en materia de extinción de dominio que busca adaptar esta figura a las exigencias actuales que se requieren para combatir la inseguridad y el crimen organizado.
Arely Gómez, dijo a los senadores del PRI que el proyecto permitirá contar con mejores herramientas para atacar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, y obtener más recursos que serían destinados a la reparación del daño de las víctimas de los delitos.
