Realizan foro de análisis sobre la próxima armonización legislativa en la materia. Trabajan en cómo mejorar las condiciones de accesibilidad de grupos vulnerables. Asisten comisionados y servidores públicos del 19 estados de la república.
De cara a la expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este día se llevó a cabo el “Foro regional por la armonización legislativa en materia de protección de datos personales y el ejercicio pleno de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables”, con la participación de más de veinte panelistas y la asistencia de más de 200 personas.
Los objetivos, analizar y reflexionar sobre el proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales y su proceso de armonización en el ámbito estatal; estudiar la pertinencia de crear un programa nacional de protección de datos personales; examinar las condiciones de accesibilidad para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a los grupos vulnerables e impulsar la colaboración interinstitucional para ello.
Comprometidos con esta responsabilidad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán (Inaip); la Región Sureste de órganos garantes; la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social y la Comisión de Protección de Datos Personales, todas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), unieron esfuerzos para reunir a especialistas y público en general para analizar problemáticas y proponer soluciones.
La importancia y trascendencia de este evento se vio reflejada con la presencia de personalidades como el Gobernador de Yucatán y el presidente municipal de Mérida; funcionarios del H. Congreso del Estado; del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas; de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del estado de Campeche; de comisionados y servidores públicos del órgano garante nacional y de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Durango, Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato y Yucatán.
En la ceremonia de inauguración participó la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, y el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, Jorge Esquivel Millet, quien dio por inaugurado el foro regional.
En el marco de este encuentro, se llevaron a cabo sesiones de trabajo del Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la Información Pública y Administración de Archivos Públicos y de los órganos de la región sureste: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo; Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; e Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se impartió a las áreas de capacitación de estos órganos garantes y vía remota a los de todo el país el Taller de seguimiento de la Red Nacional de Transparencia (Renata), un proyecto integral para coadyuvar en la construcción y consolidación de la cultura de transparencia en todo el país, a través de un mayor alcance en la profesionalización de los servidores públicos de los diversos sujetos obligados.
Este intercambio de visiones, experiencias y buenas prácticas permitirá construir una integración real entre los órganos garantes y otras importantes instituciones para afrontar los próximos retos; preparar las condiciones para el adecuado cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como establecer metas, acuerdos y diagnósticos que ayuden a garantizar los objetivos planteados.
