La titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, se pronunció a favor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque consideró que las personas tienen derecho a realizar la actividad laboral que deseen.
Así lo dijo al finalizar su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) donde expuso que el borrador de Constitución capitalina elaborado por un Grupo Redactor tiene un “espléndido” capítulo en materia de derechos laborales.
García Medina señaló que el “trabajo sexual” será reconocido en el texto constitucional de la capital del país pero aseguró que ya es realidad porque hay un amparo aprobado en 2014 por la entonces jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que obligó al Gobierno de la Ciudad a reconocer “este tipo de trabajo no asalariado”.
La sentencia es la que emitió el 31 de enero de 2014 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal al resolver el Juicio de Amparo 112/2013 en el que reconoció que toda persona tiene derecho “al trabajo libremente elegido o aceptado”, por lo que el Gobierno capitalino decidió entregar credenciales a “trabajadoras sexuales”.
De acuerdo con la funcionaria la condición de reconocer esta actividad como un oficio es que sea voluntario y autónomo y por ello explicó que no se puede equiparar a la “trata de personas” ya que este último fenómeno es un delito inaceptable que no se debe permitir.
En su opinión, es necesario garantizar los derechos de las personas que de manera autónoma deciden realizar esta actividad y es que –dijo–de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
En su oportunidad el asambleísta Víctor Hugo Romo, quien encabeza en la ALDF la propuesta para derogar la “prostitución” como una infracción, “felicitó” a la funcionaria por ser una pieza fundamental “para respaldar los derechos de las mujeres que se dedican a esta actividad”.
El diputado local y ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo dijo que “más allá del dogma y del estigma”, todo “oficio” debe ser reconocido y por ello la Asamblea Legislativa está en la ruta para “legalizar este trabajo” sin “generar protección a los tratantes de personas”.
Durante su comparecencia García Medina explicó que el capítulo laboral del proyecto de Carta Magna se trabajó con líderes sindicales, abogados laboralistas, académicas y académicos, y destacó que incluso se garantizó que las personas no asalariadas tengan derechos.
Seguro desempleo
En el tema del empleo, Amalia García informó que de septiembre de 2015 a 2016 el Seguro de Desempleo de la Ciudad de México apoyó a 5 mil 811 personas con este beneficio económico mientras consiguen empleo, entre ellas 75 mujeres trabajadoras despedidas por embarazo.
Este programa consiste en el otorgamiento de un apoyo económico hasta por seis meses, equivalente a 30 días de la Unidad de Cuenta Mínima de la Ciudad de México, que en este momento asciende a 71.68 pesos, por lo que cada apoyo mensual es de 2 mil 150.40 pesos.
Explicó que este programa otorgó apoyos a 5 mil 811 personas de grupos de población en vulnerabilidad: 4 mil 126 personas preliberadas y liberadas de Centros de Readaptación Social en la Ciudad de México, mil 303 personas de comunidades indígenas; y 270 migrantes nacionales en retorno a la Capital, entre otros.
Outsorcing
La ex gobernadora de Zacatecas fue cuestionada por la atención que la dependencia ha dado a las 59 trabajadoras de intendencia que denunciaron que en noviembre de 2015 fueron despedidas de manera injustificada por el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y quienes ahora exigen su reinstalación.
Estas mujeres mantienen una demanda ante la Junta Especial número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje e incluso esta semana enviaron una carta a Margarita Darlane Rojas Olvera, presidenta de este organismo, para garantizar que el caso se resuelva respetando los derechos laborales.
En esa misiva respaldada por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, exigieron a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo que les brinden el Seguro de Desempleo, el cual les debieron haber otorgado desde enero.
Al respecto García Medina dijo que las trabajadoras despedidas del IEMS ya tienen el seguro de desempleo y expuso que en su momento se les planteó la posibilidad de acceder a este beneficio y además de recibir capacitación para formar una cooperativa como ellas lo pidieron.
Periodistas desempleados
Desde enero de 2016 el Seguro de Desempleo modificó sus reglas de operación para atender a las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas que llegan a residir a la Ciudad de México y se encuentran en riesgo por el desempeño de su ejercicio profesional.
De acuerdo con el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa, Carlos Candelaria López, se tiene un registro de 97 casos en el Mecanismo de Protección de periodistas que llegan a radicar a la ciudad en busca de seguridad.
En este contexto el legislador pidió a la titular de la Secretaria del Trabajo, velar por el bienestar de los periodistas; en respuesta García Medina expuso que a la fecha hay cinco casos de periodistas aprobados que cuentan con el apoyo económico. (Con información de CIMAC Noticias)
