Una vez que la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de matrimonios igualitarios, a la iglesia católica le corresponde abrir el canal de diálogo y reconciliación entre toda la sociedad interesada en el tema respetando el papel de las instituciones, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda.
En conferencia de prensa para dar a conocer los avances de su Asamblea General Plenaria de la CEM, Miranda seguro que desde la iglesia católica son respetuosos de las leyes mexicanas, pero consideró que éstas deben de proteger los Derechos de todos los que habitan el país.
“Este país necesita que todos se expresen y que todos sean escuchados , todos los actores del país, incluida la iglesia católica, necesitan construir leyes propias para todas las personas. Como iglesia nos toca acoger, acompañar, discernir, ¿a quien? A todas las personas sin distingo, clases, inclinaciones, tendencias o cómo se llame; la ciudadanía, los legisladores, tienen su propio campo de acción ellos les toca construir estas figuras para que todos los mexicanos tengan amparo a sus derechos . Cada quien debe de respetar a la sociedad en su conjunto”, comentó quien también es obispo auxiliar de Monterrey.
Sin querer dar un juicio de valor sobre la decisión de rechazar la iniciativa de matrimonios igualitarios, Miranda, comentó que ellos seguirán el camino propuesto por el papa Francisco y el Nuncio Franco Coppola, que es el diálogo.
Añadió que pese a este rechaza de la iniciativa, ya hay otras figuras que protegen los derechos de los homosexuales en lo que se refiere a las uniones civiles.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles, informó que dentro de la Asamblea de obispos se está diseñando un plan de acción para 2031 (año del quinto centenario de la aparición de la Virgen de Guadalupe) para atacar los mayores problemas de México: delincuencia, migración e indigencia.
De hecho, respecto a la migración aseguró que ya trabajan con las diócesis del norte del país y de Estados Unidos para afrontar una posible ola de deportaciones por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
