El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex mandatario Roberto Borge por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial a familiares cercanos y amigos, a un precio del 1% respecto al valor real.
En conferencia de prensa en la sede de la representación estatal en la Ciudad de México, el secretario de la Gestión Pública del Estado, Rafael Antonio del Pozo Dergal, dio a conocer los avances de las auditorías a la administración del ex mandatario priista, las cuales revelaron la venta irregular de los 95 millones de metros cuadrados con la presunta complicidad de Roberto Borge y la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva.
“Se han encontrado irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio privado propiedad del estado presuntamente atribuibles a la entonces directora general del IPAE, así como al entonces gobernador Roberto Borge Angulo (…) El gobierno de Quintana Roo en el marco del proceso de entrega recepción de la administración pública ha iniciado acciones para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses dilapidado durante la anterior administración estatal a cargo del señor Roberto Borge Angulo” señaló el funcionario estatal.
Detalló que respecto al porcentaje de reserva territorial vendida por municipio, se enajenó en Puerto Morelos más del 60% de la superficie, en Solidaridad 52%, en Benito Juárez el 36%, en Cozumel el 23%, en Tulum el 20%, en Felipe Carrillo Puerto el 10% y el 7% de la reserva territorial de Bacalar. La suma total del territorio transferido, ilustró, equivale a más de seis veces la superficie total hotelera de Cancún.
Agregó que algunos de los adquirientes beneficiados son accionistas de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo en el estado de Quintana Roo, misma que en los últimos cuatro años adquirió tres barcos con un valor en el mercado superior a los 7 millones de dólares, por lo que también se exigió una investigación sobre este particular al tratarse de personas relacionadas desde hace muchos años con el anterior gobernador y su familia.
