La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 493 promotores del Programa de Pensión para Adultos Mayores, que desviaron recursos por alrededor de 19 millones de pesos.
En su primera conferencia de prensa, desde que asumió el cargo, Luis Enrique Miranda, titular de la dependencia, señaló que en el actual sexenio se han presentado siete denuncias por diversas irregularidades detectadas en los esquemas sociales.
De las auditorías que en su caso ordenó, dijo que se desprendieron «hechos presumiblemente constitutivos de faltas administrativas y/o conductas delictivas, cometidas por personal que tiene como responsabilidad el registro de los adultos mayores en el padrón, así como la acreditación de su supervivencia».
Los promotores denunciados realizaron tres mil 989 registros utilizando su huella para cobrar la pensión en 30 entidades. Es decir, precisó el secretario, «se autopromovían como adulto mayor».
Miranda Nava abundó que la querella no pone en riesgo la adecuada ejecución del esquema.
Anunció que la Sedesol incluirá mayores medidas de seguridad y control en las reglas de operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores para el ejercicio fiscal 2017.
Entre ellas, realizar un cruce permanente del padrón con otras instancias para que sea confiable y verificable en tiempo real.
También, a través de convenios con instituciones financieras, bancarizar a más de 2 millones de beneficiarios del programa, a fin de eliminar intermediarios para la entrega de pensiones y evitar retrasos en los depósitos.
Mediante dispositivos móviles, «vamos a ir casa por casa de los beneficiarios para recabar su información y confirmar su supervivencia», y con ello terminar con las citas para pruebas de vida.
«Nuestra principal preocupación es que los recursos de éste y de todos los programas de la Sedesol sean destinados exclusivamente a sus beneficiarios y ejercidos con la mayor transparencia».
Miranda Nava indicó que que desde junio de 2015 se detectaron irregulares en los programas sociales, especialmente en el de Adultos Mayores.
«Llama la atención la incorporación irregular de beneficiarios principalmente en Veracruz y Tabasco, por lo cual la entonces secretaria Rosario Robles presentó denuncias ante la PGR y suspendió a implicados».
Mientras que en enero de este año, recordó, su antecesor en el cargo, José Antonio Meade, inició auditorías para identificar áreas de oportunidad o de riesgo en el esquema.
Por otro lado, el funcionario federal ratificó que tendrá reuniones constantemente con diputados y senadores para verificar el comportamiento de los padrones de los programas sociales en Nayarit, Coahuila y Estado de México, donde el año entrante habrá elecciones.
«Me comprometí también que durante este periodo y hasta que terminen las elecciones, no acudiré al estado de México, a Coahuila y Nayarit a realizar ninguna actividad de carácter social, pero eso no significa que no se lleven a cabo ahí los programas sociales».
Adelantó que en los próximos días, junto con el Instituto Nacional Electoral, anunciará un blindaje más amplio en esas entidades.
