La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con aproximadamente cuatro mil 713 expedientes de averiguaciones previas contra servidores públicos por alterar la escena de un crimen o torturar a un detenido, respondió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto a preguntas que hicieron los grupos de diversos partidos, en el contexto del IV Informe de Gobierno.
El presidente respondió a 16 preguntas que hicieron senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 12 de Acción Nacional (PAN), siete del de la Revolución Democrática (PRD) y tres del Verde Ecologista de México (PVEM).
El PRD preguntó cuántos servidores públicos federales han sido sancionados penalmente desde septiembre de 2015 a la fecha por alterar la escena de un crimen o torturar a un detenido.
La respuesta es que a partir de la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y hasta el 14 de noviembre de 2016 se han registrado aproximadamente cuatro mil 713 expedientes de averiguaciones previas.
Esa cifra proviene de las 32 delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR) en las entidades federativas del país, de las oficinas centrales de la institución, de vistas de órganos jurisdiccionales o ministeriales y de denuncias ciudadanas.
El PRI preguntó al mandatario sus acciones en favor de la justicia cotidiana, que representa casi 90 por ciento de las controversias presentadas ante los Poderes Judiciales del país.
El presidente respondió que la justicia no se agota en el ámbito penal, sino que también está la cotidiana pero olvidada y suele ser lenta, compleja y costosa.
Por ello presentó al Congreso de la Unión un primer paquete de reformas constitucionales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia cívica e itinerante, mejora regulatoria y modernización de los registros civiles.
Además sobre organización y funcionamiento de los poderes judiciales y la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia; resolución del fondo del conflicto; legislación procedimental única en materia civil y familiar; y justicia laboral.
Un segundo paquete de reformas secundarias en materia de justicia cotidiana será enviado al Congreso una vez que el Constituyente Permanente haya aprobado, en su caso, las constitucionales.
Sobre política exterior los legisladores priistas preguntaron qué estrategia ha seguido el Gobierno Federal para consolidar la relación en los últimos meses de la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Contestó que hacia la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, el 20 de enero, identificarán intereses comunes y continuarán con el proyecto de hacer de América del Norte una región más próspera, incluyente y competitiva.
El PAN cuestionó sobre las medidas que se realizan para combatir la deserción escolar y qué hace el Gobierno Federal en materia de políticas de identificación y reinserción de niños, niñas y adolescentes que han abandonado el sistema educativo.
El Ejecutivo detalló que el 29 de abril las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Desarrollo Social (Sedesol) se comprometieron a emprender conjuntamente una estrategia dirigida a abatir el rezago educativo en preescolar.
Indicó que para combatir el abandono escolar se creó el Modelo Mexicano de Formación Dual, basado en el modelo dual alemán, el cual busca que los alumnos de educación media superior aprendan tanto en las aulas como en la empresa para que tengan las herramientas necesarias para insertarse en el campo laboral.
Los senadores panistas también señalaron que se identifican pocos instrumentos en zonas urbanas para atender algunas de las carencias más críticas, como ingresos, alimentación y seguridad social, por lo que preguntaron cuáles son los retos en las zonas urbanas y qué mecanismos deberían implementarse para combatir la pobreza.
La respuesta fue que para incrementar el ingreso de las personas en dichas localidades se trabaja en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los beneficiarios de programas sociales de la Sedesol sean incluidos laboralmente en el proceso de implementación de las Zonas Económicas Especiales.
El PRD también inquirió por qué el actual secretario de Desarrollo Social no hizo públicas declaraciones patrimoniales de enero de 2013 a la fecha.
La respuesta fue que el actual titular de la Sedesol, desde el inicio de su trayectoria como servidor público, ha realizado todas sus declaraciones patrimoniales en los términos que lo dispone la ley y toda la información relacionada con sus percepciones está en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la dependencia.
En tanto el PVEM preguntó, a raíz de la ratificación del Acuerdo de París en materia de cambio climático, qué acciones proyecta el gobierno hacia la consecución de los objetivos adoptados en este marco y qué impactos para la población en general se vislumbran.
El Ejecutivo respondió que la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), presentada por el gobierno mexicano, establece la reducción, al 2030 de las emisiones de gases de efecto invernadero en 22 por ciento, por debajo del nivel tendencial de emisiones.
Además de aumentar la reducción hasta 36 por ciento condicionado a la transferencia de recursos financieros, tecnológicos y de capacidades.
México asume su contribución de reducir en 51 por ciento las emisiones de carbono negro, y de incrementar dicho porcentaje a 70 por ciento bajo condicionantes similares a lo mencionado, anotó.
Para cumplir con las metas adquiridas en el acuerdo se adoptarán algunas políticas nacionales, como el incremento en el uso de fuentes limpias de energía y el fomento a la transición energética; normas de eficiencia energética para edificaciones; y el fortalecimiento del marco institucional nacional en materia de cambio climático.