El día de ayer fueron detenidos el ex alcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco y el ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas por elementos de la Fiscalía General del estado, por el presunto delito de peculado.
Ambos fueron llevados al Cereso de Aquiles Serdán, en donde son sometidos a una primera audiencia.
La audiencia es de Formulación Imputación dentro de la causa penal 727/2017 por el delito de Peculado.
A Garfio Pacheco lo representa el defensor público Rafael Rodríguez Sandoval a Villegas el juez Octavio Armando Rodríguez Gaytan.
Dentro del Ayuntamiento de Chihuahua, se confirmó que no existe una denuncia en contra del ex edil por lo que se presume que los hechos que se le imputan podrían estar relacionado con sus funciones como Secretario de Obras Públicas durante los primeros años de la administración de César Duarte.
El ex alcalde es acusado por el agente del Ministerio Público, Francisco González Arredondo, de haber aprobado y autorizado como secretario de Obras Públicas del Gobierno Estatal, el 31 de Diciembre de 2012, la enajenación de predios de la reserva terrotorial ejido Labor de Terrazas a la empresa Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V, por un monto de 99.1 millones de pesos, cuando estos terrenos tenían un valor real de 427.8 millones de pesos y habían sido donados anteriormente al Gobierno del Estado para fin exclusivo de la construcción de vivienda habitacional popular.
Por dichos actos, el juez Octavio Armando Rodríguez dictó la medida cautelar de Prisión Preventiva de ocho meses a Javier Garfio Pacheco.
Durante la audiencia de formulación de imputación, el juez Carlos Alexis Ornelas Pérez tomó en consideración los argumentos de la defensa y el ministerio público.
El juez decidió dictar prisión preventiva en contra del ex funcionario al considerar que cuenta con los recursos suficientes para viajar a cualquier parte del mundo además de que no cuenta con el dinero suficiente para cubrir la reparación de daños, la cual es de 246 millones de pesos.
La representación social acusó a Gerardo Villegas de supervisar, elaborar y subscribir contratos para la extracción de 246 millones de pesos del erario público.
Presentó cargos por delito peculado por el cual alcanzaría la sentencia de hasta 12 años de cárcel.