La CIDH acusó hoy a la fiscalía mexicana de “falta de celeridad” en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y anunció que esta elaboró un cronograma para avanzar en las diligencias, en el marco de la segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento al caso.
“El mecanismo ha analizado la información recibida desde el inicio de sus funciones, y expresa su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones”, remarcó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.
De esta manera, criticó a la Procuraduría General de la República (PGR) de lentitud tanto en la búsqueda de los jóvenes como en las líneas de investigación propuestas por el grupo de expertos de la CIDH que asistió en el caso durante un año.
Asimismo, consideró que genera “preocupación” a la CIDH las recientes declaraciones de autoridades mexicanas de validar la hipótesis de que los cuerpos de los jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, una versión rechazada por el organismo tras peritajes.
“Solicitamos un cronograma, objetivo y claro, para estos seis meses (restantes) del mecanismo”, a fin de conocer y concretar todas las diligencias, dijo Abrão.
La coordinadora del mecanismo y relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, explicó que este plan de trabajo “no es un simple anunciado por puntos”, sino que detalla las acciones a realizar más relevantes, acordadas con los familiares de las víctimas.
La PGR presentó este cronograma, si bien falta su análisis por parte de la Comisión.
Al cierre de esta visita a México, realizada del 19 al 21 de abril, casi 31 meses después de la tragedia, la CIDH reiteró la importancia de investigar a las fuerzas de seguridad , así como ahondar en la línea de investigación del tráfico de drogas.
Positivamente, valoraron las gestiones en la contratación de la tecnología LIDAR, que sería utilizada en la búsqueda de estudiantes, así como los avances en las pesquisas en torno a la telefonía.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos que los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.
Esta versión ha sido cuestionada por organismos internacionales, entre ellos un grupo de expertos de la CIDH que denunció irregularidades y debilidades en la investigación oficial y considera científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
