Autoridades mexicanas prohibieron de forma permanente la pesca con redes de enmalle, medida con la que intentarán salvar a la vaquita marina de su extinción.
De acuerdo a información publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya no serán permitidas “artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores en aguas marinas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Norte del Golfo de California, y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo para dichas embarcaciones”.
“De las diferentes especies de cetáceos presentes en aguas del Golfo de California, la vaquita marina (Phocoena sinus) es de especial interés, por ser un mamífero marino de los más pequeños a nivel mundial (1.5 metros como máximo), porque representa una especie endémica cuya biología es poco conocida, por estar catalogada en peligro de extinción y porque generalmente se encuentra asociada con la totoaba (Totoaba macdonaldi), lo que incrementa la posibilidad de su interacción con redes de enmalle, incluyendo las denominadas ‘agalleras’”, se expuso en el comunicado.
La ONU se mostró congratulada por la decisión del Gobierno de Enrique Peña Nieto:
Según el reporte, “el Gobierno Mexicano ha contribuido con la protección y recuperación del número de ejemplares de vaquita marina (Phocoena sinus), así como en la reducción de los factores de riesgo que han propiciado el peligro de extinción de la especie, a través del establecimiento de medidas tendientes a la recuperación de la población de la vaquita marina, cuya zona de distribución se ubica en el Norte del Golfo de California”, sin embargo, sólo quedan 30 ejemplares del animal.
El 22 de junio, organizaciones civiles entregaron a la Presidencia de la República un propuesta sobre la veda permanente a la pesca en el Alto Golfo de California para salvaguardar a la vaquita marina, trabajo que le corresponde al Gobierno federal.
Cabe recordar que en 2015 se declaró la veda de pesca en la zona de Baja California con una vigencia hasta el 30 de abril de este año, en tanto se desarrollaban otras alternativas para las comunidades pesqueras.
