Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, aseguró que su defendido no se dará a la fuga ya que no es responsable de ninguno de los señalamientos de corrupción en su contra, por lo que sí acudirá a la comparecencia pactada a este medio día.
“Vamos como imputados. (…) Y es perfecto, porque si vamos citados como testigos nos hubieran hecho preguntas sin oportunidad de conocer el expediente, pero como imputado la ley da todo el derecho de ver de qué se la acusa”, dijo Coello, en una entrevista con Radio Fórmula.
Tras su comparecencia a las 12.00 hora local ante la Procuraduría General de la República (PGR), Lozoya ofrecerá una rueda de prensa a las 18.00 hora local en un hotel capitalino.
“No tenemos por qué no ir tranquilos” ante la PGR, indicó el letrado, quien aseguró que no hay “una sola prueba” en contra de su cliente, quien fue titular de Pemex desde finales del 2012 a inicios del 2016.
Asimismo, desmintió a una serie de expertos que dijeron a un diario de circulación nacional que Lozoya puede ser acusado de cohecho, uso indebido del servicio público, peculado, lavado de dinero y orden electoral. “Están equivocados”, aseveró Coello.
Además, negó que Lozoya tenga planes de fugarse, en respuesta a un grupo de senadores que pidió esta semana medidas cautelares a la PGR para evitar que se escape del país.
Recordó que desde que en mayo salieron las primeras informaciones que lo involucraban con los sobornos, fue el propio Lozoya quien se puso a disposición de la fiscalía, pero esta alegó que no tenían elementos para citarlo.
Un reportaje periodístico del diario O’Globo destapó el domingo pasado que la constructora Odebrecht habría pagado hasta 10 millones de dólares a Lozoya en sobornos para que la firma brasileña ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.
En otras investigaciones se apuntó que Lozoya recibió dinero en medio de la contienda electoral para las presidenciales de 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabezaba Enrique Peña Nieto.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EU reveló que la constructora brasileña había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido el propio Brasil.
En México, las mordidas a los funcionarios sumarían unos 10.5 millones de dólares, y la firma brasileña logró al menos 39 millones de dólares de beneficios con los contratos que aseguró como consecuencia de sus sobornos.
