En un lapso de seis meses todo el personal que labora en la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá acreditar los exámenes de control y confianza y cubrir el perfil para el actual puesto que desempeñan, de acuerdo con el número extraordinario 400 de la Gaceta Oficial del Estado.
En este decreto publicado el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, se señala que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la FGE, ningún servidor público podrá prestar sus servicios si no cuenta con la certificación vigente.
El Fiscal por decreto reformó el Artículo Octavo Transitorio del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que establece que el personal que se encuentra operativo dispondrá un periodo de migración no mayor a seis meses a partir de este lunes.
“Para que cubran con los criterios siguientes: I Que tengan las evaluaciones de control de confianza; II. Que tengan la equivalencia de formación inicial, y III. Que cubran con el perfil de puesto con relación a la renivelación académica”.
Una vez cumplido el plazo “ningún servidor público de los que señala el presente Capítulo podrá prestar sus servicios en la Fiscalía General, si no cuenta con la certificación vigente”.
Recordó que el pasado 27 de marzo de 2015, se publicó en la GOE, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la FGE, ajustándose a los requisitos, criterios y procedimientos que se establecían en la normatividad antes aludida.
Si bien el Artículo Transitorio Octavo del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de esta Fiscalía, establecía un periodo de migración de un año, el 18 de septiembre de 2015, se publicó en la misma Gaceta Oficial un Decreto firmado por el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, en el que se amplió el periodo a 5 años.
En ese tema, Winckler Ortiz destacó que la ampliación hecha por su antecesor violentó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues en la última reforma de su Artículo Tercero Transitorio, se contempló un plazo de 12 meses para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública obtuvieran la certificación correspondiente por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, misma que debió haber sido completada en el mes de noviembre del año pasado.
